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Los diputados, en su mayoría de la MUD, quedaron sin fueros por un fallo del máximo tribunal que autoriza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a buscar su enjuiciamiento, incluso por delitos militares y terrorismo. Es una represalia por buscar que la OEA suspenda al régimen. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo por petición de la bancada chavista.
WASHINGTON.- El detonante de la sentencia fue un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país.
“La inmunidad parlamentaria sólo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”, indica la sentencia.
A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.
Con esa declaratoria, el TSJ —señalado por la oposición de servir al gobierno de Maduro— ha anulado todas las decisiones de la Cámara, órgano que asegura que ya cumplió con la separación de los legisladores cuya elección había sido impugnada y que, en realidad, el propósito es desconocer a la Asamblea.
“El gobierno quiere meterles miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar”, dijo Stalin González, jefe de la fracción opositora.
El tribunal fue más lejos al ordenar a Maduro tomar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”, a propósito del acuerdo legislativo.
Y en el marco del estado de excepción vigente desde 2016 y debido al desacato, habilitó al mandatario para que garantice la “estabilidad democrática” apoyado en las leyes sobre delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el “código de justicia militar”.
