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LIMA. ¿Qué pasa si las políticas de vacunación por COVID-19 dejan de ser de Estado y pasan a manos de privados? En varios países de América Latina se ha abierto este debate, algunos tienen medidas en proceso, y otros podrían seguir su ejemplo.
En su peor momento, Perú se encontró dentro de los cinco países más golpeados por la pandemia de COVID-19 en el mundo. Desde el 15 de marzo el país está en la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19, que inmunizará a 29.250 adultos mayores de 85 años, que se sumarán a los más de 300.000 ciudadanos ya vacunados del país.
En este contexto, el Poder Ejecutivo tiene a varios grupos empresariales, alegando querer vacunarse al margen del plan de vacunación previsto por las autoridades sanitarias. Su argumento: cuanta más gente vacunada haya, más rápido se terminará por la pandemia. Para esto, exigen considerar la implementación de vacunas privadas a las que acceda todo aquel que pueda pagar su precio.
El Gobierno de Francisco Sagasti ha dicho que, por el momento, en tanto las vacunas sean escasas, solo el Estado será el encargado de su importación y gestión, anuncio que fue aceptado, en primera instancia, por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene, no se vacune”, había argumentado Sagasti al respecto.
Sin embargo, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, dijo luego a la prensa que “decir que no va a permitir que las empresas vacunen a sus trabajadores es patético. Me indigna escuchar una cosa así”.
También se pronunció la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), con la representación de varios jerarcas locales de Lima, se manifestó a mitades de marzo con el fin de exigir la vacunación privada, informó el portal Gestión.
“Se puede liberalizar y no monopolizar como hasta ahora. Perú vive una gran incertidumbre”, afirmó Álvaro Paz de la Barra, alcalde del distrito de La Molina y presidente de la AMPE, quien también presentó una demanda a Justicia para que le permitan traer vacunas.
“El Estado no es solo el Gobierno nacional, también lo son los gobiernos regionales y locales. Por eso yo me siento habilitado. Yo sí pienso traer vacunas para mis vecinos de La Molina. En la medida en que privados y gobiernos locales y regionales trabajemos de manera conjunta para traer millones de dosis, podemos cortar (más rápido) la cadena de transmisión”, fundamentó.
También en Colombia los privados han puesto peso sobre la posibilidad de implementar la vacunación privada. Allí, representantes del sector privado como la Alianza Nacional de Industriales (ANDI) y el Consejo Gremial Nacional, y empresas como Ecopetrol exigieron al Gobierno a concretar normas que las habiliten a traer vacunas en paralelo al Plan Nacional de Vacunación que gestiona el Ministerio de Salud colombiano.
Funcionó. El ministro de Salud Fernando Ruíz anunció que las empresas privadas podrán comenzar a comercializar la vacuna, informó Semana. “Se definió instaurar una mesa de trabajo específica para analizar el tema de la posibilidad de aplicación de vacunas por parte del sector privado, de algunas de las vacunas adquiridas por parte del Gobierno nacional, con el fin de agilizar y dar mayor oportunidad a partir de la fase dos del Plan Nacional de Vacunación”, indicó.
