Francisco de Vargas, exministro del Interior.
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Creen que la narcopolítica estaría detrás de imputación de exministros

El extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, cree que la narcopolítica estaría detrás de la imputación que sufrieron tanto él como el exministro del Interior, Francisco De Vargas. Afirmó que le llama poderosamente la atención la actuación de la Fiscalía. “Tendría un trasfondo oscuro”, afirmó. A su vez, De Vargas aseguró que con la imputación buscan impedir que se presente a concursar para la Fiscalía General del Estado.

Luis Rojas, exministro de la Senad.
Luis Rojas, exministro de la Senad.

ASUNCIÓN.-  Luis Rojas dijo que no le causa daño alguno ya que de momento no tiene ninguna aspiración política ni otros cargos del Estado, que sí le afecta emocionalmente, explicó, pues considera errónea la determinación tomada por el Ministerio Público.

En cuanto a los equipos adquiridos supuestamente en forma irregular durante su mandato en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no quiso dar detalles, pero aseguró que el Estado paraguayo no perdió ni un centavo, alegando que uno de los equipos funciona en la lucha contra el terrorismo.

A su vez, De Vargas señaló que con su imputación se echa por tierra su aspiración de ser Fiscal General del Estado. Comentó que se estaba preparando fuertemente para presentar su candidatura.

Sobre Rojas, De Vargas dijo: “Participó de los operativos antidrogas más grandes y capturó a importantes narcos y este es el pago que recibe, lamentó. “De aquí a seis meses vamos a salir sobreseídos a no ser que pidan prórroga”, puntualizó De Vargas.

El procesamiento de ambos fue formulado por el fiscal Martín Cabrera por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando. Fueron encausados también Nicasio Bóbeda, Alfredo Bóbeda Mongelós, Silvia Jara Acha, Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Hugo Danilo González y Jessica Paola Reyes Aguilera.

La causa es por la compra de equipos de sistema de rastreo sensitivo móvil (escuchas telefónicas) por parte de la Senad.

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