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Una causa por violación de los derechos de marcas, que se tramita en el juzgado de garantías a cargo de la magistrada Alba Meza, deberá aguardar la resolución de la Cámara de Apelaciones, a donde recurrió en los últimos días, el supuesto dueño de las maquinarias que eran usadas para falsificar marcas y envases de cigarrillos. El abogado de las empresas querellantes, Federico Huttemann, cuestionó el accionar de la citada magistrada, quien concedió el recurso de apelación, existiendo anteriormente una resolución de destrucción de los aparatos.
CIUDAD DEL ESTE.- Ayer se realizó una audiencia en el despacho de la magistrada de garantías, Alba Meza. En la misma se informó que el recurso será estudiado en la Cámara de Apelaciones y que la misma no se opuso al pedido requerido por Arístobulo Marecos, quien dijo ser dueño de las máquinas decomisadas el 19 de julio del año pasado, durante un allanamiento en dos depósitos del barrio Pablo Rojas, de este municipio. Allí se descubrió que en el lugar falsificaban y envasaban cigarrillos de varias marcas. La investigación y posterior denuncia fue promovida por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). La destrucción de los citados aparatos, según la querella y los denunciantes, ya fue pospuesta en dos ocasiones.
“La jueza (por Alba Meza) otorgó la apelación a un tercero que no es parte del expediente. Esta persona es Arístobulo Marecos, quien dijo ser dueño de las maquinas decomisadas. La causa pasó a la Cámara de Apelaciones, la cual deberá expedirse al respecto. Este señor (por Marecos) recurrió a una sentencia firme de la jueza, que es la destrucción de los artefactos. Presentó un incidente de devolución de máquinas, existiendo ya una sentencia firme de destrucción. No estamos de acuerdo. Está mal concebido el recurso que concedió la jueza. Esperemos que la Cámara rechace”, resaltó el abogado de la querella, Federico Huttemann, quien representa a las empresas de las marcas de cigarrillos, Phillips Morris y Marlboro, las cuales eran falsificadas en el sitio allanado el año pasado.
La semana pasada, la titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Patricia Stanley, también criticó el actuar de la citada magistrada, el cual le llamó la atención, porque nuevamente se suspendía el procedimiento de destrucción de las citadas maquinarias.
Las resoluciones de la citada magistrada desde hace tiempo son muy cuestionadas y llamativas, según los datos. Incluso, meses atrás, fue escrachada mediante varios pasacalles que fueron colocados en varios puntos de la ciudad. En los mismos carteles la tildaban de haber sido beneficiada con la aprobación de un millonario crédito de un banco, presuntamente implicado en envíos irregulares de dinero al extranjero. Esta causa, “llamativamente” se tramita en su juzgado. Incluso en la misma, los fiscales Carlos Giménez, Juliana Giménez y Marcelo García de Zúñiga presentaron recusación contra Meza.
