ADN Digital
Artículos relacionados
En la ciudad de San Antonio, los pobladores no olvidan las tragedias ocurridas en una curtiembre y frigorífico. El último caso fue apenas hace 3 meses, en la empresa Inducuer S.A., donde fallecieron dos obreros. En esa ocasión, se constató un sinfín de irregularidades y hasta hecho delictivos en el manejo de esa fábrica. Sin embargo, sin regularizar nada y gracias a la desidia de la Municipalidad y la Fiscalía, vuelve a operar impunemente.
SAN ANTONIO (Dpto. Central).- En las últimas semanas prácticamente se normalizaron las actividades en la Industria del Cuero (Inducuer) S.A. de esta ciudad. Los directivos ya volvieron a llamar a los trabajadores y hasta contratan nuevos obreros, sin que hayan puesto en condiciones el local.
Según las informaciones de los mismos empleados, no se mejoró nada en cuanto a la infraestructura de trabajo y tampoco se solucionaron los problemas del manejo de los desechos. Indicaron que se siguen arrojando directamente al arroyo Guasu, que a poca distancia nomas desemboca al río Paraguay. Sin embargo, los obreros aceptan volver en las mismas condiciones, debido a la necesidad de trabajo.
No se hizo ninguna verificación previa de la fábrica, por parte de la Municipalidad y menos de la Fiscalía. Tampoco se sabe de la participación de los fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente (Seam), entidades que ordenaron la clausura del local, cada una desde sus respectivos ámbitos. Hoy, como si fuera que ahí no pasó nada, la curtiembre vuelve a abrir sus puertas a un centenar de trabajadores
El cierre de la curtiembre Inducuer S.A. se dispuso tras el fallecimiento de dos obreros que trabajaban en precarias condiciones en el recinto: Carlos Miguel Giménez (44 años) y Hugo Gómez (42), ocurrido el 17 de febrero pasado.
En aquella ocasión, varios pobladores presionaron con manifestaciones, con carteles y cánticos exigieron Justicia para los fallecidos y el cierre inmediato del local. Remarcaron entonces que la SEAM, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía detectaron que la fábrica operaba en forma irregular.
Entonces, el asesor jurídico de la Municipalidad, Alberto Velázquez, comentó que la comuna, mediante la resolución Nº 25/16 ordenó la inhabilitación de la firma por tres días. Por su parte, la fiscala Laura Ávalos imputó a uno de los principales directivos, Gustavo Pérez Codas, por homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso y solicitó prisión. La jueza Isabel Bracho, en una audiencia y sin la presencia de la Fiscalía otorgó medidas alternativas, tras recibir como fianza un auto y la suma de 100 millones de guaraníes de los abogados.
Finalmente, la Secretaría del Ambiente (SEAM) detectó el incumplimiento del plan de gestión ambiental y dispuso su cierre. Desde entonces hasta hoy no mejoran las condiciones dentro de la industria, pero ya vuelve a trabajar normalmente.
HACE 27 AÑOS MURIERON 10
No es la primera vez que mueren obreros en un local como el de Inducuer. El frigorífico “San Antonio”, de la firma estadounidense “Internacional Corporation Product”, fue escenario de una tragedia que enlutó a esta ciudad.
Un 7 de setiembre de 1989, en un incendio en el local perdieron la vida 10 obreros. Según los reportes de aquel caso, el hecho se produjo a raíz también de las condiciones precarias del establecimiento y hasta de la falta de elementos para prevenir o combatir un siniestro.
La fábrica operaba en una capacidad óptima, con alrededor de 350 obreros. Sin embargo, varios sindicatos denunciaron a esta industria por diversas irregularidades laborales y abusos patronales.
Además se presentaron acciones ante la Justicia por parte del IPS, ya que la compañía no aportó por varios años al seguro social, todo lo descontado a sus trabajadores.
Por otra parte, en el mes de octubre de año 2000, el juez en lo civil y comercial del segundo turno, Silvio Delvalle, condenó a los empresarios del Frigorífico San Antonio a pagar una indemnización de G. 60 millones, más el 3% de interés mensual a contabilizar desde el día de la tragedia, a cada familiar de los fallecidos.
La resolución fue apelada por los abogados de la familia Antebi. Pero la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo, pero hasta ahora no fue abonada la totalidad de la indemnización.
