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ASUNCIÓN. Salió a luz un intento de negociado en perjuicio del Estado paraguayo, que entregaría 7 millones de dólares a una empresa argentina que lo demandó sin tener sustento alguno para hacerlo. Los nombres involucrados son los del procurador general del Estado, Sergio Coscia y el presidente de Petropar, Denis Lichi.

Lo más fácil de asumir es que ambos altos funcionarios del gobierno contaban con la autorización del presidente Mario Abdo Benítez para firmar este acuerdo. Sin embargo, el mismo Coscia aseguró que no es así, que el jefe de Estado se enteró apenas hace 48 horas de lo que estaba ocurriendo y que ni siquiera el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ni el jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, estaban al tanto del entuerto.

Esto resulta poco creíble ya que para un pago de 7 millones de dólares, necesariamente se requerirá una serie de autorizaciones, que tienen que provenir del mismo presidente y ser confirmada por el ministro Llamosas. Una suma tan alta no puede provenir de alguna “caja chica” de la Procuraduría o la misma Petropar, por lo tanto se da una de las siguientes situaciones: o el presidente y el ministro sí sabían todo y Coscia pretende asumir la responsabilidad para “salvar” a sus jefes, o no sabían nada, lo que dejaría en evidencia un lamentable control del funcionamiento del Estado, en donde cualquiera hace lo que le da la gana y dispone a su antojo del dinero público.

De acuerdo a algunas fuentes, 3 de los 7 millones irían a parar al bolsillo de un abogado que estaría detrás del negociado.