ADN Digital
Artículos relacionados
En una carta entregada por las plataformas Venezuela Somos Todos y VenEuropa, junto con las 112 mil firmas, reclamaron a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya un “inicio, continuación, profundización o actualización de la investigación por los delitos cometidos o que se podrían estar ejecutando en el régimen de Nicolás Maduro, por funcionarios, autoridades y/u operadores de mando, tanto a nivel de administración pública como de las Fuerzas Armadas”.
CARACAS.- Los representantes de los dos grupos aseguraron que recogieron las rúbricas a lo largo de cuatro meses en 76 países, desde Chile hasta Japón, pasando por Irak y Afganistán.
“Es una acción sin precedentes. No sabían cómo tomar las cajas de firmas (en la CPI). Tuvimos que hacer gestiones para que dentro de su protocolo, que es muy cerrado, pudieran recibirlas”, dijo Patricia Betancourt, presidenta de VenEuropa.
Según explicó la abogada penalista Tamara Suju, “las firmas son una manifestación de apoyo hacia las denuncias. Le están diciendo al fiscal jefe de la Corte que los expedientes que se han abierto sobre Venezuela son ciertos, son verdad. Están convalidando las denuncias”.
Venezuela actualmente no forma parte de los Estados investigados por la CPI, aunque fuentes de la Fiscalía de este tribunal reconocieron que en los últimos tres años han recibido “varias comunicaciones” relacionadas con este país.
Esas mismas fuentes, que ni confirmaron ni desmintieron la recepción de las firmas, añadieron que, al igual que ocurre con el resto de casos, no forma parte de la política de la Fiscalía ni desvelar el nombre de los denunciantes ni el contenido de las comunicaciones.
La abogada penalista Suju señaló que “en la mayoría de casos de torturas las víctimas han contado lo que les han hecho en los tribunales venezolanos”, pero en otras ocasiones esas denuncias “no han sido presentadas porque han sido detenidos y torturados durante 48 o 72 horas y después los han soltado”.
Los casos, que a menudo se hacen públicos a través de la prensa, fueron recopilados por Suju para elaborar los informes que envía periódicamente a la CPI.
La letrada explicó que sus comunicaciones a la Fiscalía se sumarían a otras ya presentadas, como la del exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Diego Arria, el exprocurador de Colombia Alejandro Ordóñez o, un grupo de más de cien congresistas de Colombia y Chile que denunciaron al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
