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ASUNCIÓN. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver las dilataciones planteadas por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien, con chicanas, busca entorpecer el proceso judicial en su contra por lesión de confianza y otros hechos punibles. En medio de una maraña de recusaciones cruzadas y desafíos legales, el caso experimenta una serie de obstáculos.
Prieto recurrió a diversas estrategias legales para retrasar el curso del proceso en su contra, desde recusaciones contra los jueces hasta acciones de inconstitucionalidad dirigidas a los ministros de la Sala Penal. Esta situación llevó a una situación de parálisis judicial, donde la incertidumbre sobre quién resolverá el caso se vuelve cada vez más aguda.
En este escenario, la integración de la Sala se vuelve crucial. Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes se apartaron del caso, mientras que los doctores César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander se inhibieron de participar en el proceso debido a otras responsabilidades judiciales pendientes. Solo el doctor Manuel Ramírez Candia está disponible para asumir el caso, aunque aún queda pendiente la definición del ministro César Garay sobre la conformación definitiva de la Sala Penal.
El expediente, que inició con la recusación al juez Humberto Otazú en septiembre del 2023, transitó por diferentes instancias judiciales, pero continúa estancado debido a las maniobras dilatorias del intendente. A pesar de las imputaciones formuladas por los fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas, que acusan a Prieto de lesión de confianza por la presunta compra ficticia de kits de cestas básicas durante la pandemia, el proceso no avanza.
