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Dinero solo irá para beneficio de operadores políticos, afirma edil

Carlos Arregui (PDP), concejal municipal.
Carlos Arregui (PDP), concejal municipal.

ASUNCIÓN.- El concejal capitalino por el Partido Democrático Progresista (PDP), Carlos Arregui, lamentó la aprobación en la Junta Municipal de Asunción de una ampliación presupuestaria de G. 34.600 millones para el reajuste salarial del personal municipal. Aseguró que lo resuelto por la mayoría de sus pares “es una bofetada para toda la ciudadanía”, dijo.

Añadió que en la corporación legislativa la cantidad de funcionarios llega a 1.330 y son solo 24 los miembros.  Sostuvo que los recursos humanos que actualmente tiene la institución deben ser objeto de una depuración, alegando que en su mayoría de los incorporados son operadores políticos. “Tenemos 1.330 funcionarios para 24 concejales y realmente la cantidad de gente que ni siquiera va a sus oficinas, esa es una modalidad, otra modalidad es que van, marcan y posteriormente salen a trabajar en la campaña, son operadores políticos”, expresó.

Arregui señaló que en la Junta Municipal no se respeta el tema de la meritocracia e indicó que a raíz de ese hecho, decidió presentar un pedido de auditoría externa especializada a fin de indagar sobre la idoneidad de la gente que se encuentra en el ente cumpliendo funciones. Precisó que él y sus colegas Sebastián Villarejo y Elvio Segovia, fueron los únicos tres votos en contra del aumento presupuestario.

Por otra parte, mencionó que este ya es un tema del año pasado, cuando se había proyectado un incremento salarial de 23.000 millones, pero había un compromiso de sanear y depurar el tema de recursos humanos de la institución. Además se tenía que establecer un plan de carrera, pero eso no se cumplió. “Creo que actualmente la ciudadanía es consciente de que la Junta no ha realizado un análisis muy riguroso dentro de la intendencia, donde existen 1.330 funcionarios para 24 concejales. Hay gente que ni siquiera asiste a la oficina, mientras otros se van marcan y se retiran para trabajar en las campañas políticas y no se justifica. Entonces este incremento lastimosamente va a beneficiar nuevamente a muchas de estas gente y significa una bofetada para la ciudadanía”, dijo.

Manifestó igualmente, que “esto se tiene que depurar, pero somos minoría quienes rechazamos este incremento, incluso hubo represalia departe de gente que fue arreada y que fueron llevada durante el tratamiento del tema en la Junta.  Nosotros pedimos una auditoría externa especializada para conocer la idoneidad de las personas que están trabajando, las necesidades de su contratación o nombramientos que se hacen sin ningún criterio o concurso”, afirmó. “En la Junta, los que más propician el planillerismo son los que hablan de las personas vulnerables”, lamentó.

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