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ASUNCIÓN.- La jueza Leticia Paredes ordenó medidas alternativas para el diputado colorado Tomás Rivas, procesado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
El caso remite a tres funcionarios que habían sido contratados por Rivas como asistente en la Cámara de Diputados, pagados por el cuerpo legislativo. Sin embargo las personas nunca hicieron oficina allí, sino se desempeñaban como caseros y empleados de una ferretería propiedad del legislador.
El diputado Rivas pagó una fianza de 70 millones de guaraníes para hacer frente al juicio que se le sigue.
El abogado del congresista, Jorge Bogarín, señaló a los medios que las tres personas contratadas sí cumplían funciones en la cámara de Diputados y que lo demostrarán en juicio.
Mientras Rivas se acoge al beneficio de la libertad condicionada en el campo jurídico, en el ámbito legislativo debe hacer frente a un pedido de pérdida de investidura, presentado por la diputada liberal Celeste Amarilla.
