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Desde hoy los diputados inician el estudio a profundidad del Proyecto General de la Nación (PGN) 2018. Pedro Alliana (ANR), presidente de la Cámara, propone un estudio imparcial, real y bien consensuado entre todas las fuerzas y que favorezca a la Nación. El diputado Héctor Lesme (PLRA) estima que muchas instituciones quedaron “muy apretadas”. El Ministerio de Hacienda insiste en que se mantenga la estabilidad fiscal y madurez económica sobre el respeto de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
ASUNCIÓN.- La ministra de Hacienda, Lea Giménez, aboga por mantener la prudencia y evitar determinaciones que desborden el Presupuesto. En el mismo posicionamiento, el presidente de diputados, Pedro Alliana (ANR), dijo que “se espera la construcción de un presupuesto 2018 acorde con las necesidades del país y la capacidad de desembolso de la cartera financiera, que no se arriesguen nuevamente los programas sociales”.
La experiencia más reciente se remonta a diciembre de 2016 cuando el grupo de opositores al gobierno dirigido por Desireé Masi y Mario Abdo Benítez aplicaron un criterio populista para ganar espacios en el funcionariado y destruir los planes del gobierno de darle solidez a las Políticas Sociales y Económicas. El presidente Horacio Cartes decidió vetar un PGN 2017 totalmente impracticable y poner en vigencia el mismo PGN entonces vigente.
Esta situación derivó ocho meses después (agosto 2017) a una lluvia de ampliaciones presupuestarias.
Sobre este punto, el diputado Alliana destacó que “debemos tener un presupuesto real y bien consensuado para no reiterar problemas de 2017. El presidente de la República se vio obligado a vetar el plan de gastos porque estaba inflado e incluso iba en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Destacó que “los enfoques del PGN 2018 son la transparencia y responsabilidad mediante trabajo conjunto el Ejecutivo y el apoyo y participación de la ciudadanía”.
En cuanto a una primera reacción, un sector de la oposición se apunta a destinar recursos suficientes para todas las instituciones. El diputado liberal Héctor Lesme dijo que “muchas reparticiones quedaron muy apretadas con el presupuesto actual y que a partir de mañana desde las comisiones empezaremos a trabajar más detalladamente sobre los números enviados por el Ejecutivo en el PGN 2018”.
La ministra Giménez admite que siempre existirán las presiones políticas con tinte electoralista “pero afortunadamente se tiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, que se constituye en una biblia que marca el rumbo del manejo de las finanzas públicas, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo”, dijo y destacó además que “debemos trabajar de una manera, en un solo sentido, de esta forma para poder verdaderamente responder a las diferentes cuestiones y priorizar de la mejor forma para que ese Presupuesto sea razonable y coherente y responda a las necesidades de la gente”, expresó.
ITINERARIO PARLAMENTARIO
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional remitió a la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2018, más una adenda de US$ 15 mil millones para las ampliaciones de este año.
La Bicameral no tuvo otra alternativa que pasar un dictamen sin cambios debido a que los congresistas integrantes ni siquiera asistieron a las sesiones y se concentran en las sesiones de ambas plenarias, inutilizando las gestiones que pudiera ejecutar la Bicameral.
El PGN 2018 asciende a US$ 13.283 millones, 5,3% más que el actual y la ministra pidió a los legisladores apertura para estudiar la herramienta económica más importante del país.
La instancia legislativa se convierte en Cámara de Origen y dispone de 15 días para emitir una aprobación, con o sin modificaciones.
El proyecto con media sanción irá al Senado, que se convierte en Revisora y dispone del mismo plazo para sancionar y si coincide con la de Diputados pasará al Poder Ejecutivo.
Una sanción diferente obligará a Diputados al estudio de la modificación y de ratificarse en su determinación inicial nuevamente pasa a Cámara Alta que de ratificarse en su sanción será esta la que defina la suerte del proyecto.
El Poder Ejecutivo tiene la última palabra que podría aceptarla y vetarla. La experiencia de 2016 podría repetirse si es que el Senado obra de la misma manera que desarticuló totalmente.
