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El Senado analiza en este momento el proyecto que modifica el Código Penal, estableciendo penas de hasta 6 años para quienes cierran las rutas y calles durante manifestaciones, perjudicando el derecho de terceros.
Los bloques de izquierda, representados por legisladores del Frente Guasu, afirman que el proyecto pretende castigar las manifestaciones y los reclamos populares, mientras que quienes defienden su aprobación aseguran que no hay ninguna intención de reprimir la libertad de las personas a manifestarse de manera pacífica, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás ciudadanos.
Uno de los autores del proyecto, Enrique Riera (ANR), afirmó que “lo único que hace es que se respeten las normas constitucionales que no se cumplen. Se establece la pena privativa de 3 años para quienes cierran las rutas, y si hay violencia, hasta 6 años. Lo que están haciendo subconscientemente es decir que acá el que manda es la fuerza, no la ley. La presión, el chantaje, no la ley. Están desesperados porque con esto se les acaba el mecanismo de forzar la democracia a su conveniencia”.
Otro de los autores, Fidel Zavala (PPQ), ratificó que “sí hay violación a derechos de terceros con cierres de ruta, no podemos negarlo. Personas enfermas que no podían llegar a los puestos de salud, el desabastecimiento de productos básicos, falta de movilidad de la gente para llegar a su trabajo. Eso sí es una violación de derechos”.
Se presume que la discusión será larga ya que hay varios senadores inscriptos para participar del mismo.
