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Cerca del mediodía de ayer, a dos días del plazo constitucional, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 8.325 que veta parcialmente el Presupuesto General de la Nación 2018 (PGN) por considerarlo “desfinanciado”. Lea Giménez, ministra de Hacienda, justificó la medida “porque el déficit del plan de gastos asciende a US$ 87 millones que debe ser financiado con impuestos”. Empresarios y analistas aplauden la medida y por el contrario el gremio docente lo rechaza e inició lobby en el Congreso buscando la ratificación.
ASUNCIÓN.- A un poco más de 24 horas del acuerdo político-electoral entre el presidente Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto, el n° 8.325 por el cual veta parciamente la Ley 6.026/2017 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, considerado por el Ministerio de Hacienda como desfinanciado.
Una vez hecho público el Decreto presidencial, la ministra Lea Giménez hizo declaraciones para exponer los motivos que llevó al gobierno a cuestionar la referida Ley. “El Poder Ejecutivo debe velar por la correcta administración de los recursos públicos, por lo que este veto parcial es una obligación”, dijo Giménez.
Hizo referencia al tratamiento que se le dio al PGN en ambas cámaras del Congreso “y aprobó un PGN 2018 desfinanciado, con reestructuración del gasto público, pues se movieron partidas presupuestarias”. Mencionó que el déficit del plan de gastos asciende a US$ 87 millones que debe ser financiado con impuestos.
La funcionaria advirtió que el Ejecutivo reconoce las reivindicaciones de los asalariados del Estado, sobre todo en sectores considerados muy sensibles, como educación y salud, “pero tampoco puede dejar de considerar que el PGN sancionado por el Congreso prioriza los intereses de sectores minoritarios por sobre los de la sociedad en general” y agregó que “hay 7 millones de paraguayos que requieren atención”.
ARTÍCULOS OBJETADOS
Destaca el Decreto que impulsa el veto su objeción a “los aumentos incorporados en el Anexo del Personal aprobado en el Artículo 164, inciso b), para las siguientes instituciones de la Administración Central: Ministerio de Educación y Ciencias (4%), Ministerio de Salud Pública en un porcentaje de hasta el 30% para el Tipo de Presupuesto 2 Programas de Acción: Programa I Servicios Sociales de Calidad, Unidades Responsables 66 Hospital General Pediátrico y 77 Hospital del Trauma “Manuel Giagni”, Programa 2 Hábitat adecuado y sostenible, Unidad Responsable 3 Control y Vigilancia de enfermedades transmisibles, y en 8% para los demás Programas de la Entidad”.
Rechaza aumento para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en G. 600.000 en las categorías presupuestarias inferiores a G. 11.855.200; y a la Industria Nacional del Cemento (INC) en un 12%.
También sostiene que el Congreso aprobó un PGN 2018 que contiene un desfinanciamiento de US$ 40 millones, por encima de lo propuesto por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos), destinados principalmente a gastos en salarios, haciendo más rígido el Presupuesto y, por ende, restando recursos al financiamiento de las políticas públicas tendientes a la entrega de bienes y servicios finales a todos los ciudadanos y de protección social a la población más vulnerable.
La Ley vetada parcialmente se devolvió al Congreso para el estudio y pronunciamiento correspondiente tal como lo prescribe el Artículo 208 y concordantes de la Constitución Nacional.
