La agente fiscal Teresa Sosa (iz.), en conferencia de prensa y conjuntamente con el titular del MEC, Enrique Riera (2do. Der.), explica la situación de los docentes.
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El BNF se hará cargo de la deuda de los docentes

ASUNCIÓN.– El Banco Nacional de Fomento (BNF), adquirirá las deudas contraídas en el sector privado por los trabajadores de la educación, y los beneficiados deberán devolver a la entidad bancaria, en no más de 84 meses, el importe con 15% de interés anual.  Aproximadamente unos 7 mil educadores serán favorecidos con esta medida del gobierno del presidente de la República, Horacio Cartes.

La agente fiscal Teresa Sosa, durante una conferencia de prensa, señaló que se tomó como muestra a 1.000 docentes de cada departamento para entender que es lo que realmente estaba sucediendo con el endeudamiento de los profesores. Destacó que encontraron que  aproximadamente  7 mil docentes estaban en la lista de afectados.

También manifestó que la usura no sólo pasa del interés sobre el capital, sino en el rubro Gastos Administrativos que estas empresas aplican, que sobre pasan hasta los gastos administrativos que emplean los bancos y financieras de acuerdo al reglamento que establece el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según los datos el modus operandi es el siguiente: empresas fantasmas hacen correr boletas contables incluso con una burda dirección. Le dan a un grupo de abogados que negocien esos pagarés que fueron firmados incautamente por los docentes y embargan su sueldo inmediatamente.  Se trata de préstamos que no sobrepasan los G. 500.000 por la compra de aparatos celulares de baja gama, pero se convirtieron en demandas millonarias, de entre G. 7 y 9 millones.

“De acuerdo a las instrucciones que recibimos del fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, tomamos casos de cada departamento de la República, es decir, un grupo de docentes para tener un panorama completo y para comprender la situación, porque en febrero de 2015 no se comprendía lo que sucedía. Sin embargo, ahora el panorama es muy claro y empezamos a trabajar con el ministro de Educación Enrique Riera”, dijo la fiscala Teresa Sosa.

Por otra parte explicó que están pidiendo al ministerio de Hacienda que regule y empiece a controlar, el porqué se habilita a empresas que comercializan electrodomésticos como primera actividad y en segundo lugar actúa como prestamistas de dineros, pero con interés usurario.

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