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El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este martes a favor del Estado de Texas, aprobando la entrada en vigor de una ley contra la migración que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que había sido bloqueada ayer.
Un dividido tribunal tomó la decisión de desbloquear la aplicación de la legislación mientras se dirime la batalla legal emprendida por la administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso. La decisión de permitir que la ley entrara en vigor generó, no obstante, el desacuerdo de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
Hasta 20 años de prisión para reincidentes
La ley, una de las medidas antiinmigración más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Decisión “decepcionante” para la ACLU
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió. El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de hoy como “decepcionante”. El abogado añadió en un comunicado que la normativa “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
Las encuestas de opinión revelan una profunda preocupación de los votantes por la situación a lo largo de la frontera. Las encuestas de Reuters/Ipsos mostraron que el nivel de aprobación pública de Biden era del 37% a 28 de febrero pasado. Fuente: DW
