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CIUDAD DEL ESTE.-El Juzgado en lo Civil y Comercial del quinto turno, Secretaría 10 de la Sexta Circunscripción – Alto Paraná, a cargo del juez Daniel Colmán Martínez decretó el embargo ejecutivo del salario del concejal departamental del PLRA, Arnaldo Barreto Fidabel, según la demanda judicial.
La dieta del edil liberal fue embargada por un juicio ejecutivo por valor de 80.000.000 de Guaraníes. El mismo fue demandado por estafa y lesión de confianza por Osvaldo Sosa, víctima del hecho y abogado patrocinante, según el informe.
La notificación fue hecha por Justicia a la Institución gobernativa para ser remitida al legislativo, de tal forma a dar trámite al mandato. El ingreso del concejal asciende a G. 12.737.185, según fuente gubernativa.
Por otra parte, el concejal liberal, que aspira el rekutu en estas internas partidarias, está fuertemente involucrado en una feroz tragada de dinero público en un negociado con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) que resultó en una gran estafa al Estado, y dejó a 150 familias sin casa en el km 10 Acaray de Ciudad del Este.
Barreto es apoderado de la empresa constructora “El Progreso S.A” el cual, figura a nombre de Agustín Barreto, hermano y presta nombre de la firma. El mismo retiró personalmente de la Senavitat más de 5.000 millones de guaraníes para la compra del terreno y la construcción de 150 casas de la cartera de Estado. Sin embargo, ni si siquiera realizó el pago total al dueño del inmueble, y mucho menos terminó la construcción de 1as 150 viviendas.
Así también, el hecho está ligado ferreamente al diputado Oscar González Draqueford, quien busca su cuarto periodo en el Parlamento. Actualmente, es presidente de la Comisión de Población y Vivienda de la Cámara Baja, y lejos de buscar una solución para los adjudicados, apoya a vapor batiente a su amigo Barreto para su segundo periodo en la Junta Departamental. Durante el gobierno luguista influenció tenazmente para la adjudicación de la obra para la empresa en donde opera con su apoderado.
Las viviendas fueron invadidas por operadores políticos de la funciona municipal Aida Molinas, y los responsables permanecen impunes a pesar de la denuncia en el Ministerio Publico.
