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CIUDAD DEL ESTE.- Los exconcejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Nelson Maidana y Atilio Alegre, se encadenaron ayer frente a la Junta Municipal para exigir el cobro de sus haberes correspondientes al año pasado. El primero reclama el pago de G. 250 millones, en tanto que Alegre, sostiene que, la administración de Sandra de Zacarías, le adeuda G. 236 millones. Indicaron que la medida es indefinida y amenazan con extenderla a una huelga de hambre.
Tanto Maidana como Alegre afirmaron que estarán encadenados hasta que puedan cobrar sus salarios atrasados y los cupos de combustible. Atilio Alegre, sostuvo que solamente percibió su salario de enero de 2015, mientras que Nelson Maidana explicó que no cobró ningún mes del año pasado, más sus vales de combustible, lo que equivale a 250 millones de nuestra moneda. Alegre por su parte, asegura que se le adeuda unos 236 millones de guaraníes.
“Este encadenamiento es en reclamo por la reivindicación de nuestros pagos. Queremos significar con estas cadenas que Ciudad del Este esta encadenada en su democracia, que el estado de derecho esta encadenado. Todo está encadenado por esta administración. Contra ese ambiente conflictivo, estamos encadenados”, sostuvo Maidana.
Por su parte, Atilio Alegre manifestó: “Ellos (por Sandra de Zacarías) nos discriminaron por ser de otro partido, por no levantar las manos a sus pedidos. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieren por la gente. Son unos mentirosos. Unos embusteros”,
Ambos sostuvieron que son la prueba viviente de la malversación de fondos de la administración de la intendenta Sandra de Zacarías. Justamente la falta de pago a funcionarios, concejales y exfuncionarios despedidos, es uno de los 25 puntos por los cuales, semanas atrás, la Junta Municipal solicitó la intervención de la comuna esteña.
En este sentido, esta mañana, la comisión especial de Diputados, integrada por cinco colorados, tres liberales y uno de la izquierda, que analiza el pedido de intervención de la administración de Sandra de Zacarías, recibirá al G7, compuesto por los concejales municipales disidentes de este municipio, que impulsaron la solicitud de investigación. En tanto que para el próximo 12 de julio, la intendenta deberá realizar su descargo.
