El juez Alcides Corbeta decidió elevar a juicio oral y público el caso de la secretaria vip, abierto en 2015, y en el que están involucrados el excontralor Rubén Velázquez y la ex vicecontralor Nancy Torreblanca. La acusación fiscal habla de que funcionarios de la Contraloría recibían pagos irregulares que ocasionaron a la institución un perjuicio de G. 1.121.319.953.
ASUNCIÓN.- El juez Corbeta, tras 10 intentos frustrados por diversas “chicanas”, finalmente elevó a juicio oral el caso conocido como de la secretaria vip, Liz Paola Duarte, que junto a otros funcionarios de la Contraloría cobraban presumiblemente salarios y horas extras sin asistir a la institución, con presunta connivencia Velázquez y Torreblanca.
La fiscal Victoria Acuña, de la unidad de Delitos Económicos, quien atiende el caso, indicó que el juez penal de garantías Alcides Corbeta decidió elevar la causa a juicio oral y público. Ahora solo resta esperar que se fije la fecha para la realización de la audiencia pública.
Destacó que además de los excontralores Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, y Liz Paola Duarte, más conocida como la secretaria vip, unas 11 personas más, están procesadas por cobro indebido de honorarios.
Las 11 personas que también enfrentarán juicio son: Luisa Almada, Roberto García, Celia Cardozo, Reinaldo Gadea, Horacio Coelhio de Souza, Alicia Acevedo, Richard López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana Monges.
La fiscal explicó que se rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de los acusados y finalmente se pudo cumplir la audiencia preliminar, donde el magistrado penal de garantías concluyó que el caso debe ir a juicio oral.
ANTECEDENTES
Rubén Velázquez, Nancy Torreblanca, Liz Paola Duarte, más conocida como la secretaria vip, y otros 11 funcionarios están procesados en el caso. La acusación fiscal habla de que funcionarios de la Contraloría recibían pagos irregulares que ocasionaron un perjuicio de G. 1.121.319.953 a la institución.
La secretaria vip del excontralor puso al desnudo la corrupción dentro de la Contraloría General de la República (CGR), donde percibía millonarias remuneraciones extras por trabajar hasta 27 horas al día, y que desembocó finalmente en la renuncia de Velázquez.
Éste renunció antes que culmine el proceso de juicio político que se inició en su contra en la Cámara de Diputados y estaba pendiente del trámite final de juzgamiento en la Cámara de Senadores. Como era inminente su destitución, Velázquez decidió renunciar al cargo.