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Un exfuncionario que exige el pago de su indemnización a la Municipalidad de Ciudad del Este se crucificó ayer frente a la institución. Sus cercanos estuvieron a punto de perforarle las manos con clavos, pero voluntarios del Cuerpo de Bomberos advirtieron que el metal podría causarle la rotura de una arteria, y que ello tendría consecuencias muy graves. El afectado se encadenó junto con otros afectados para presionar a la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, dado que esperan recibir su dinero hace 17 años. Desde la comuna afirman que solo pueden pagar en cuotas.
CIUDAD DEL ESTE.- Wilfrido Britos (50) es el exfuncionario que se crucificó ayer. Él y otros 22 funcionarios esperan hace 17 años el pago de sus salarios tras haber sido despedidos de la comuna en el año 2001, durante la administración de Javier Zacarías. Son cuatro los que desde el lunes se encadenaron en la Plaza de la Paz, ubicada frente a la Municipalidad de Ciudad del Este, para exigir el pago de sus haberes.
Britos llevó a cabo un “viacrucis” por la avenida Pioneros del Este, frente a la comuna, luego lo amarraron a una cruz y lo colgaron. El exasalariado pidió que le incrustaran los clavos en las manos, pero ninguno de sus cercanos se animó a hacerlo. Uno de los presentes ya tenía preparado el martillo y los metales, pero el voluntario del Cuerpo de Bomberos, que se presentó ante el anuncio de crucifixión, advirtió que el objeto punzante podría afectar las arterias y provocar una lesión grave que requiera la amputación de las manos. También advirtieron sobre la responsabilidad penal para la persona que se anime a perforar las manos del hombre. Ante estas advertencias, no clavaron a la cruz a Britos.
“Hago esto para ver si no le toca el corazón a la intendente (McLeod), y nos paga. Hasta ahora, no se acercó a hablar con nosotros”, dijo Britos.
El miércoles último, una de las exfuncionarias que se encontraba encadenada, Celsa Miranda de Riquelme, se descompensó y fue derivada al Hospital Regional de CDE. La misma fue diagnosticada recientemente con cáncer terminal, y necesita de medicamentos para sus cuidados paliativos.
El extrabajador que se crucificó, fue chofer de la Policía Municipal por dos años, hasta que fue desvinculado en el 2001. En el 2002, los 23 afectados en este caso iniciaron una acción judicial para el cobro. El abogado del caso, Hernán Romero, dijo que la Municipalidad de CDE llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, para no pagar; sin embargo, la máxima instancia judicial insistió en que el ente debe efectivizar el pago. En el año 2016, el juez Luis Aguayo intimó al ente municipal a que incluya en el presupuesto 2017 de la comuna la suma de G. 3.754.546.872, correspondiente a la liquidación e intereses, por los 17 años transcurridos. Pese a que el monto se incluyó al presupuesto, los afectados hasta ahora siguen sin cobrar.
