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ASUNCIÓN.- Entre todos los proyectos que quedaron pendientes por intereses que nada tienen que ver con el interés ciudadano destaca el que modifica la Ley de Financiamiento Político, que el Ejecutivo vetó luego de la evidente inconstitucionalidad en las modificaciones que le hizo el Senado.
Si es que se quiere evitar que la mafia del narcotráfico siga aportando a las campañas electorales como hasta ahora, la nueva ley debe quedar sancionada antes de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral convoque a elecciones internas de todos los partidos políticos. De lo contrario, continuará vigente la actual, que no exige a ninguna candidatura a identificar a todos sus aportantes.
El problema fundamental que enfrenta este proyecto es que ningún partido o movimiento que pretende participar en las elecciones quiere que se sepa el origen de todo el dinero que recibe para la campaña electoral. Esto es lo que ha hecho que el narcotráfico elija a autoridades electivas e, incluso, algunos de sus representantes se hayan postulado -y ganado- en alguno de los cargos en juego.
