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El fiscal Silvio Corbeta, quien junto a sus colegas Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, imputaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), por presunta lesión de confianza por una supuesta compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, confirmó que solicitaron el arresto domiciliario del jefe comunal. Dijo que en su momento ya se realizaron los allanamientos para reunir los elementos de pruebas, por lo que no existiría riesgo o peligro de obstrucción a la investigación. El representante del Ministerio Público detalló el esquema corrupto que lideró Prieto y que finalmente desencadenó en un daño patrimonial de G. 1.769.790.000; recurso que debió utilizar para beneficiar a personas de escasos recursos económico durante la pandemia.
“Solicitamos la aplicación del arresto domiciliario una vez que el intendente se ponga a disposición de un juez. Pedimos la aplicación de dicha medida cautelar porque consideramos que es la más adecuada. Con los demás colegas hemos tomado esa decisión, porque consideramos que en su momento ya se realizaron los allanamientos en el 2020 por fiscales de la unidad de Ciudad del Este y que eventualmente no existiría ningún riesgo o peligro de obstrucción a la investigación”, explicó Corbeta, en entrevista con la emisora 1020 AM.
EL ESQUEMA CORRUPTO
El fiscal detalló sobre el esquema corrupto que supuestamente lideró el intendente de Ciudad del Este y del cual tienen vastos elementos probatorios.
“Acá tenemos un llamado a licitación que inicia con una nota de la Dirección de Desarrollo Social por la cual pide a la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) la convocatoria de una licitación para la provisión de cestas y kits de alimentos para familias de escasos recursos, en el marco de la pandemia”, comenzó explicando. Agregó que “en ese contexto, la UOC elabora un dictamen por el cual se justifica el llamado por la vía de la excepción. En la ley de contrataciones, esta es una vía de emergencia cuando se habla de una situación impostergable. Y bajo este justificativo, finalmente por una resolución el intendente municipal, el 20 de marzo, aprueba el llamado y se designa a dos funcionarios como miembro del comité de evaluación. Estos dictaminan por la adjudicación de esta empresa (Tía Chela)”.
El fiscal acotó: “En ese contexto, la UOC había librado invitación a tres firmas, entre esas ellas Tía Chela, cuyo representante legal se encuentra imputado. Además, (se invitó a) otra empresa denominada Danielito SRL, que pertenece a los padres del propietario de Tía Chela y otra firma que no tiene nada que ver con el rubro. Básicamente la única que terminó presentándose es Tía Chela, perteneciente al hoy imputado el señor Fermín Ávalos Britos. Se hace una evaluación a esa empresa adjudicada con la licitación, que para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, no tomó las debidas diligencias en cuanto que se pasaron por alto muchas circunstancias”.
Al respecto, Corbeta dijo que “Tía Chela es casi o menos que un mini supermercado y se detectó que esta empresa no tendría la capacidad técnica ni financiera para poder cumplir con lo estipulado en el contrato. Esto lo dice la propia Contraloría General de la República. Contamos con un informe de este órgano, específicamente en cuanto a esta licitación que resalta todas las irregularidades y realiza un montón de observaciones, entre las cuales justamente explica que este llamado no debió ser realizado por la vía de excepción, que no se trataría de una urgencia impostergable”.
“Cuando uno utiliza la vía de la excepción es mucho más fácil, según la sospecha que tenemos, direccionar las licitaciones y las adjudicaciones. En primer lugar, la ley en este caso te exige una menor cantidad de concursantes y otros requisitos que evidentemente atentan contra la libre competencia y libre mercado”, explicó.
El fiscal señaló que “también hemos realizado un trabajo de trazabilidad conjuntamente con el Departamento de Investigación Tributaria de la SET, que pudo determinar básicamente con los informes realizados, que esta supuestamente proveedora no habría tenido en su stock ni en su inventario la totalidad de las mercaderías vendidas supuestamente a la Municipalidad. Tía Chela declara a la empresa de la cual se proveyó nuevamente a una firma denominada Vanemi, que es propiedad de una señora de nombre Vanessa Florentín, quien sería una persona del entorno cercano del intendente”.
En ese sentido, destacó que “Vanemi también estaría participando en otras licitaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Presumimos que esta persona habría colaborado en la creación de una cadena ficticia de operaciones de compra-venta para sustentar las supuestas adquisiciones realizadas por Tía Chela, para posteriormente vender estas mercaderías a la Municipalidad”.
DISTRIBUYÓ ANTES DE LA LICITACIÓN
El fiscal Corbeta detalló que el monto total de la licitación es cercano a los G. 3.000 millones. Sin embargo, una cuestión que llamó “poderosamente” la atención es que solo se realizó un pago que equivaldría a más de G. 1.700 millones aproximadamente, “que sería para nosotros el monto del perjuicio patrimonial ocasionado”. Esto, porque finalmente con todos los elementos que hemos recabado se determinó que no hubo una contraprestación conforme a lo contratado y pactado en el pliego de bases y condiciones”.
Al respecto explicó que “el proceso de licitación se llevó a cabo entre el 20 de marzo del 2020 y la firma del contrato y la adjudicación de la empresa se da recién el 27 de marzo. Sin embargo, hemos colocado la copia de pantalla de la propia red social del intendente Miguel Prieto, donde el 25 de marzo él ya se encontraba distribuyendo esas mercaderías. O sea, este supuesto kit de alimento aun ni siquiera estaba siendo adjudicado y él ya estaba distribuyendo en esa fecha”.
