La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se opone a la Constituyente de Nicolás Maduro.
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Fiscal impugna nombramiento de magistrados elegidos por chavistas

 

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país. Ortega Díaz responsabilizó ayer al gobierno de Nicolás Maduro de “cualquier daño” del que puede ser objeto su familia que, dijo, ha recibido amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.

CARACAS.-“Hoy fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a objeto de impugnar la designación de los magistrados”, por cuya falta de “idoneidad y parcialidad” la corte “se encarga de acelerar la crisis”, declaró Ortega, en entrevista transmitida en la emisora privada Unión Radio.

La fiscal impugnó la designación de los magistrados poco después de que el TSJ declarara “inadmisible” un recurso de nulidad que presentó el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Confesa chavista ahora considerada “traidora” por el gobierno, Ortega aseguró que el TSJ ni siquiera “entra a conocer el fondo”, lo “neurálgico” de las acciones legales presentadas contra la Constituyente.

“En vista de la gravedad de lo que está ocurriendo en el TSJ presenté esta demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes”, reseñó la funcionaria.

En un turbulento cierre de sesiones, el 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional (Parlamento), entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a esos magistrados, en maratónica sesión extraordinaria, antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.

Ortega dijo estar presentando su recurso para, en cumplimiento de su responsabilidad como fiscal, garantizar la paz del país, que vive desde hace dos meses y medio protestas opositoras que dejan 66 muertos.

DENUNCIÓ AMENAZAS

“Yo quiero hacer responsable a las autoridades del Estado venezolano, especialmente al Ejecutivo, de lo que le pueda pasar a mi familia. No es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo la titular del Ministerio Público en una entrevista con la emisora local Unión Radio.

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