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ASUNCIÓN. A 17 días de haberse producido la incursión de una banda de matones a una propiedad en el Chaco, atacando al capataz y a todos los que estaban allí, porque quien trabajaba esas tierras se negó a pagar una coima a funcionarios del Indert, el fiscal a cargo, Héctor Velázquez, reconoció que no se ha hecho aún un solo trámite.

La excusa del agente fiscal es que fue recusado por una de las partes y “eso va a la Fiscalía General que tiene que designar un interino hasta que se sustancie la acusación”.

Cuando se le cuestionó la inacción a más de dos semanas respondió que “lo que pasa es que en el Chaco, para llegar a una propiedad, hay que pasar por otras propiedades. En este caso particular, la comisaría está en Mariscal Estigarribia, a 200 kilómetros del lugar; nuestra sede está en Filadelfia, a 300 kilómetros. Se nos hace difícil intervenir en forma inmediata; hay que activar un protocolo”.

“Ahora voy a esperar y si me habilitan nuevamente, voy a actuar”, añadió sin ningún empacho.

El fiscal Velázquez tiene a su cargo dos denuncias en este caso, la del capataz, por robo, agresión, coacción; y la de quien trabajó las tierras aguardando la adjudicación, por producción de documentos falsos.

Todo hace pensar que el Chaco es tierra de nadie y que los funcionarios corruptos del Indert manejan el territorio a su antojo, sacando una buena tajada de quienes deben estar sometidos a sus abusos y que no tienen ninguna protección del Estado.