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La situación epidemiológica del país se vuelve más complicada y los hospitales y sanatorios se encuentran al borde del colapso. A la a la par, más amparos aparecen para que el Ministerio de Salud se haga cargo de las deudas de pacientes internados a causa del Covid-19 en privados.

El abogado Robin Miranda explicó que la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar y está obligado a asistirle a casa ciudadano, en especial cuando se da este tipo de situaciones, como la pandemia del Covid-19.

“Esto equivalente a una catástrofe porque ya no tenemos camas habilitadas en ningún hospital público. Estamos hablando de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud. Existen fallos que hacen referencia a casos similares”, dijo este jueves el abogado en una entrevista con el programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN.

Sostuvo que el amaro es una acción constitucional y permite al ciudadano acceder de forma inmediata a que el órgano jurisdiccional estudie cuál es la violación de los derechos fundamentales y en qué forma le está ocasionando un perjuicio. También permite acudir hasta un juez de primera instancia.

Mencionó que este jueves presentó más amparos a favor de pacientes que no cuentan con seguros privados, pero tuvieron que recurrir a sanatorios ante la falta de camas y terapia intensiva en los hospitales públicos del país.

“En algunos casos depositaron cheques de terceros de garantía. Fueron invitados inclusive a pasar por una financiera, no son asegurados. En uno de los casos la deuda asciende a G. 230 millones y hay sumas similares. Otros depositaron G. 100 millones para ingresar y ahora la cuenta ya está sobre los G. 200 millones”, agregó el profesional del derecho.

Tras la concesión del primer amparo que obligó al Ministerio de Salud a pagar la deuda de un paciente de Covid-19 en un sanatorio privado, dejando un precedente importante. Actualmente existen 10 acciones planteadas por internaciones en unidad de terapia intensiva.