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ASUNCIÓN.- Los funcionarios de Salud Pública que intervinieron en el proceso irregular que concedió la licitación para la adquisición de medicamentos a las empresas Imedic y Eurotec y que terminó en un gran escándalo de corrupción, debieron ser destituidos de sus cargos, de acuerdo a lo que dispone la Ley de la Función Pública.
Desde que se abrió el sumario administrativo en Salud Pública para deslindar responsabilidades en el caso de la compra fallida de insumos médicos chinos, quedó claro que solamente iban a ser investigados los funcionarios de segunda categoría, y que quienes dieron la orden de proceder de manera irregular quedarían salvados.
De hecho, según el periodista Jorge Torres, del Grupo Nación, la condena “light” a algunos funcionarios, que no pasa de una suspensión sin goce de sueldo por 30 días, se decidió en el convencimiento de que, si caía uno solo de ellos, detrás caerían los “poguasu”.
Aun así y a sabiendas de que quienes ordenaron la adjudicación irregular y taparon el negociado con las empresas del Clan Ferreira en plena pandemia quedarían impunes, los funcionarios que sí fueron identificados dentro del esquema debieron ser destituidos y no solamente castigados con una suspensión de un mes sin goce de sueldo, tal como lo dispone el artículo 69, inciso c) de la Ley 1.626 de la Función Pública, que dispone que a las faltas graves se aplicará la “destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años”.
Añade que la destitución se hará para quienes cometen hechos detallados en el artículo 68, inciso h), que habla de “malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de los hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las funciones del Estado”.
Al respecto, el periodista afirmó que “existen causales para aplicar esa máxima sanción (destitución) porque la conclusión del sumario establece que existió una falta grave”.
Analizando la decisión del juez que realizó el sumario interno, Torres afirmó que quienes los acusaron se basaron exclusivamente en el “lapidario informe de la Contraloría, pero sin arrimar mayores pruebas, ignorando la denuncia penal presentada por Salud Pública ante la Fiscalía por este caso”.
En una entrevista que realizó el programa Tempranísimo, por la 970 y GEN, Torres recordó que el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, Pablo Lezcano, había dicho que “nosotros recibimos órdenes”, con lo que coincidieron los otros tres sumariados, que añadieron que las órdenes vinieron de arriba.
“Si llegamos a hilar fino, ahí se complica en serio. Lo lógico hubiera sido que el juez instructor preguntara quién dio la orden”, añadió Torres, recordando a los emisarios del Ejecutivo que consiguieron que se otorgara la adjudicación a sus recomendados, concluyendo que “no solo se llega al presidente de la República, sino que a sus parientes. Ahí se complica. Dijeron nos salvamos entre todos o nos vamos todos a la calle como mínimo, o a la cárcel”.
Finalmente, Torres recordó que esto se veía venir ya que desde el principio se dijo que no se produjo daño patrimonial al Estado y “fueron acomodando para que termine en esta historia luego de haber sido un completo escándalo. Hay pruebas a patada pero dicen que no las hay”.
