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ASUNCIÓN. “Hoy tenemos tres secuestros vigentes, pero somos optimistas, creemos que las acciones que se tomaron posteriormente desanimaron mucho a que sea una industria. Una industria genera recursos. ¿Quiénes son los únicos beneficiados en este caso? Es un pequeño grupo criminal que está individualizado. Acá no está ocurriendo eso, los únicos beneficiados son los del EPP”, afirmó el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Sus declaraciones se dieron en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, en el marco del recuerdo ciudadano que, hace 20 años, se registró el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, considerado como el inicio de esta actividad criminal por parte de grupos organizados.
Además, coincidencia o no, con sus palabras, Giuzzio salió al paso de la observación de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, quien sí subrayó que el secuestro y la amenaza de secuestro se volvió todo un “negocio criminal” y que esto se evidencia a partir de incautaciones en campamentos del citado grupo criminal norteño, con anotaciones y grabaciones, de la extorsión por parte de los terroristas a la que son sometidos los ganaderos en la zona norte.
“Seguimos lamentando, pero podemos asegurar que estamos realizando todos los esfuerzos con la Policía para recuperar a los secuestrados. Nunca dijimos que les estábamos pisando los talones. Está todo el esfuerzo para encontrar y hallarlos, capturarlos a estos delincuentes y recuperar con vida a estas personas”, añadió Giuzzio.
Su alusión a los talones fue una alusión directa a lo expresado en su momento por Carlos Filizzola, en septiembre del 2011, cuando la ciudada Dalia Scappini fue secuestrada y liberada, supuestamente, sin pagar rescate.
“Hablar de industria significa una empresa que generar réditos o recursos, pero no vemos eso, los únicos beneficiados son un grupo reducido como el EPP, apuntamos con la Policía a desalentar esas acciones, individualizar esos caso que hoy delincuentes que se dedicaban a otras actividades estaban pretendiendo utilizar esa modalidad para generar recursos y fueron desactivados, eso es importante”, insistió Giuzzio en otro momento de su conferencia de prensa.
Cabe señalar que la Fiscal General del Estado declaró: “No quiero ser irresponsable en dar un número, pero mueve mucho dinero porque hay una gente que paga el impuesto revolucionario que ellos le llaman y no avisan a las autoridades”.
Sus afirmaciones partieron de evidencias halladas en campamentos intervenidos durante incursiones realizadas buscando al EPP y se pudo encontrar que las sumas solicitadas a los ganaderos de la zona en algunos casos rondan los US$ 50.000 dólares.
