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La informalidad laboral y la baja cobertura previsional, son principales extremos que exigen al gobierno aplicar celeridad al proceso de creación de un sistema de pensiones más abarcante y confiable. El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó a Paraguay sobre la conveniencia de ir equilibrando una reforma. Existen dos proyectos en debate bastante diferentes y según el Ministerio del Trabajo se intentará armonizarlos para ir ganando tiempo.
ASUNCIÓN.- El proyecto que impulsa el gobierno tiene un importante componente de recomendaciones de varios organismos internacionales especialistas, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo, dependiente de las Nacionales Unidas. La asesoría data de 1998.
Sobre esa base y según lo explica Mónica Recalde, directora de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, “la pretensión de este proyecto de Ley es regular las gestiones financieras de todas las cajas de pensiones bajo un mismo patrón de juego para garantizar la inversión del dinero de los aportantes”.
Los técnicos son conscientes que así como están el sistema no ofrece la seguridad que se requiere y los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo corrobora y lo plasma en un reciente documento rotulado “Consulta del Artículo IV con Paraguay” relacionado al régimen de pensiones.
Recalde apunta que “la experiencia nacional exige un mayor control de las inversiones de estos aportes y eso se dará con eficiencia a través de la creación de una superintendencia de pensiones” y agrega que “el proyecto pretende regular las inversiones de largo plazo. En síntesis lo que se busca es una regulación prudencial profesional, que minimice los riesgos en la gestión del ahorro previsional”, dijo Recalde.
El Ejecutivo ingresó en una etapa de socialización de su proyecto que ya tuvo, en primera instancia, el rechazo de los gremios de empresarios y centrales de trabajadores que no aceptan la figura de un superintendente sobre quien recaigan las principales determinaciones. Los gremios mencionados apuntan a un colegiado integrado por empresarios, trabajadores y gobierno.
Destaca el proyecto del Ejecutivo “no busca a confiscar los fondos previsionales, sino más bien apunta a asegurar los beneficios jubilatorios comprometidos. Tampoco significa una reforma o cambio del régimen actual del sistema de pensiones o copiar ningún modelo de la región. Finalmente, los representantes del sector tendrán una participación relevante en el esquema institucional propuesto”.
Recalde destaca que una Superintendencia regulará el funcionamiento de las cajas “que actualmente son ocho entidades que son supervisados por la Contraloría General de la República y en el caso de la Caja Bancaria por sus antecedentes tiene un control cruzado, además de la Contraloría están auditados por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros”.
