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Marcos Medina, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que hoy entregarán un listado de 54.000 personas a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para que en la próxima semana empiece la distribución de kits de alimentos en la zona de San Pedro, tal y como solicitó la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). Asimismo, destacó que US$ 20 millones están disponibles en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) para refinanciar las deudas de los pequeños productores.
ASUNCIÓN.- El titular del MAG, Dr. Marcos Medina, explicó que es de público conocimiento que el listado de los campesinos a ser beneficiados con los víveres fue sometido a un estudio de verificación y de a poco se fue puliendo. “En ese sentido, mañana mismo (por hoy) estamos entregando una parte de ese listado a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para que la próxima semana haga efectiva la entrega de esta primera parte de los kit de alimentos a los pequeños productores de San Pedro, que el CNI pidió que sea priorizado”, dijo. Consultado cuando se va a cumplir con la totalidad de los campesinos, dijo que la ley de emergencia no dispone de plazo, ni de números, solo establece el apoyo a la agricultura familiar.
Por otra parte, indicó que el CAH está trabajando de acuerdo a un plan consensuado con las organizaciones campesinas, donde se encuentra estipulado la educación financiera, así como la capacitación y luego la transferencia de los recursos para que la rehabilitación de sus deudas sea integral, porque muchas veces el problema financiero surge de la falta de educación sobre los uso de los recursos.
Finalmente, dijo que 20 millones de dólares están disponibles en el Crédito Agrícola de Habilitación, para refinanciación de créditos.
LO QUE DICE LA LEY
El Poder Ejecutivo promulgó en agosto del año pasado la ley “Que declara en situación de emergencia la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional”, por un plazo de 180 días, a productores que fueron afectados por las heladas. La normativa tiene como objetivo atender los problemas de asistencia técnica y crediticia, y de acceso a servicios básicos, vivienda y tierra que afectan a los compatriotas que se encuentran en ese segmento de productores.
La legislación dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Secretaría de Acción Social (SAS), la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Dirección General de Aduanas (DGA), entre otras entidades, implementen los planes necesarios a favor de ese sector.
Estas instituciones “adoptarán todas las medidas conducentes para cooperar con las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina, mediante asistencia técnica y crediticia oportuna, como asimismo, deben imprimir medidas de carácter sanitario, ambiental, de asistencia social, que permitan el acceso a derechos garantizados”, indica.
