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ASUNCIÓN.- Los fiscales Francisco Torres y Federico Corvalán tienen a su cargo la investigación del escándalo de los audios conseguidos a través de un pinchazo telefónico al teléfono del secretario del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher.
Ambos agentes pidieron la apertura del proceso y adoptaron una serie de medidas, como la imputación del secretario, Raúl Fernández Lippmann, a quien ordenaron prisión domiciliaria, y la convocatoria a una declaración indagatoria al exsenador, prevista para el jueves 28 a las 9.
Este es el procedimiento correcto de acuerdo a lo que dispone el artículo 201 de la Constitución, el que, aún sin estar reglamentado, dice que un legislador deberá perder su investidura por tráfico de influencias “fehacientemente comprobado”.
Los senadores disidentes y opositores que echaron a González Daher de la cámara “olvidaron” esta exigencia y lo castigaron sin que la Justicia haya empezado siquiera a investigar si lo que se descubrió vía pinchazo demuestra fehacientemente la culpabilidad del exsenador.
Otra medida decidida por los agentes es convocar a sus colegas, las fiscalas Nadine Portillo, Karina Giménez, Teresa Rojas y Casse Giménez, además del abogado Carmelo Caballero y los integrantes del JEM, Cristian Kriskovich (actual presidente) y Adrián Salas.
