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ASUNCIÓN. El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, entregó ayer al Ministerio Público una serie de documentos sobre graves irregularidades en la administración de Vicente Bataglia. La previsional había contratado a una consultora que emitió un informe técnico señalando diversas anomalías en la gestión del fideicomiso durante el período 2021-2022. La investigación ya está en manos del fiscal de Delitos Económicos, Néstor Coronel.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos por obras que no estaban contempladas en el fideicomiso, así como reprogramaciones presupuestarias con datos incorrectos y destinos no autorizados por las disposiciones normativas de la institución. El abogado José González, director jurídico del IPS, dijo al programa “Así son las cosas”, emitido por la emisora Universo 970 AM-Nación Media y Canal GEN-Nación Media que estas acciones podrían constituir una clara violación de la ley, que prohíbe destinar los fondos a fines distintos de los establecidos.
IPS denuncia más irregularidades ante contraloría.
📞En contacto con el abogado José González, director jurídico de IPS.
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— GEN (@SomosGEN) 15 de febrero de 2024
“Lo más grave no es solamente el fideicomiso, sino que también se encontraron reprogramaciones de presupuestos que se hicieron en contravención a la ley de IPS que prohíbe un destino distinto de los fondos. El uso de la fiducia para obras y de una manera desordenada; no eran las que eran objetos de contrato. Se desvirtuó el fideicomiso. También el saldo inicial de caja que no tenía fuente de financiamiento”, explicó el abogado.
González añadió que, si bien aún no pueden ofrecer cifras concretas, se estima que las irregularidades podrían alcanzar montos significativos, con fondeos del fideicomiso y pagos de obras que no correspondían. “Fondearon el fideicomiso y dejaron sin ni un guaraní. No se pagaron las obras que tenían que pagarse por un lado y se pagaron obras que no eran objetos de ese fideicomiso”, acotó.
Ante esta situación, el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, que designó al fiscal de Delitos Económicos, Néstor Coronel, para llevar a cabo la investigación correspondiente.
