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El Grupo de Lima, con la presencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acordó un documento conjunto en el que excluye explícitamente el uso de la fuerza para desplazar al dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, a pedido del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, que asistió a la cumbre de Bogotá, el documento alcanzado también propone la profundización de las sanciones económicas e insiste con la presión diplomática contra el régimen dictatorial. El bloque acordó un documento de 18 puntos en el que aumenta el cerco contra el dictador populista y propone más sanciones.
ASUNCIÓN.- Tras la fallida entrega de asistencia a los venezolanos, golpeados por la escasez de alimentos y medicinas, el Grupo de Lima se encamina a elevar al máximo la presión sobre el gobierno chavista. El bloque emitió un comunicado de 18 puntos en apoyo al proceso de transición democrática y la reconstrucción de Venezuela.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela:
Condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.
También expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en su lucha por recuperar la democracia, y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo.
Asimismo, denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder.
Expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, y condenan la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia.
DENUNCIA INTERNACIONAL
Por otra parte, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania.
Además deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria” en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018. Reiteran su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
