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El Ministerio de Hacienda se verá obligado a realizar recortes a varias entidades, cuyos gastos dependen de los impuestos. Esto debido a la aprobación de un Presupuesto General de la Nación (PGN) abultado por parte del Congreso Nacional. La Secretaría de Estado, entre tanto, tiene muy escaso margen para remanejar los rubros y mantener los topes dentro del marco que estable la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). La situación podría empeorar aún más con la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las cooperativas y la devolución de tributos a agroexportadores.
ASUNCIÓN. Solamente el 7% de PGN puede ser remanejado por Hacienda y así mantener los gastos dentro de lo que establece la LRF. Sin duda el margen es muy pequeño y varias entidades tendrán recortes significativos, de acuerdo con lo que indicaron fuentes de la cartera de Estado.
La titular de dicho ministerio, Lea Giménez, junto a su equipo técnico está preparando el plan financiero que debe ser elevado al Poder Ejecutivo para que sea reglamentado a través de un decreto.
Para algunos economistas, aumentar las recaudaciones podría ser una salida al problema en el que se encuentra la citada Secretaría de Estado al tener un presupuesto abultado para este año.
Con relación al PGN desfinanciado que fue aprobado, Hacienda sostiene en un comunicado que “a pesar de los esfuerzos realizados desde el Poder Ejecutivo para resguardar la sostenibilidad fiscal, acompañando de manera activa todo el proceso presupuestario durante su tratamiento en el Congreso Nacional y, posteriormente, con la presentación de la objeción parcial, éste ha decidido ratificarse en la Ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 (PGN 2018) que contiene un desfinanciamiento de US$ 40 millones por encima de los ingresos estimados por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos)”.
La cartera de Estado igualmente ya advirtió que la decisión adoptada por el Congreso, al aprobar un Presupuesto que no cuenta con el financiamiento asegurado para la totalidad de gastos autorizados, obligará a realizar recortes a las entidades cuyos programas dependen de los impuestos para su financiamiento.
Con relación al margen que tiene para realizar los reajustes recuerda que el Presupuesto aprobado destina el 93% de los impuestos a gastos rígidos (salarios, intereses de la deuda y pago a jubilados y pensionados). “El margen para la aplicación de topes dentro del Plan Financiero es bastante limitado, lo que obligaría al Ministerio de Hacienda a definir las políticas públicas que se llevarán adelante en el 2018 y aquellas que deberán ser postergadas o restringidas en su ejecución”, señala el comunicado de referencia.
Pero existe otro problema que podría empeorar más aún la situación que es la decisión de la Corte sobre el IVA a las cooperativas y la devolución de los tributos a agroexportadores.
Con relación a este punto, el escrito sostiene que “adicional a este desfinanciamiento del Presupuesto, la capacidad de solventar los compromisos asumidos desde el Estado, se encuentra con un riesgo mayor, considerando el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria, acerca de la inconstitucionalidad sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las cooperativas, así como la sentencia que habría emitido respecto a la devolución de impuestos a las agroexportadoras, los que de materializarse afectarán de manera significativa la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro”
Pese a todos los inconvenientes, el Ministerio de Hacienda en su comunicado dice que “ratifica su compromiso de cumplir con los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en la etapa de ejecución presupuestaria y, por ende, con el manejo responsable y prudente de las finanzas públicas”.
