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ASUNCIÓN. El ex ministro de Justicia y actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), por quien Mario Abdo dijo que era un hombre “confiable”, Édgar Gustavo Olmedo Silva, y el actual ministro de Justicia Daniel Benítez Romero (ex viceministro de Política Criminal) en julio pasado, procedieron al desembolso del subsidio por ayuda alimentaria de forma retroactiva, según la misma cartera reconoció. Sin embargo, no se emitió ningún dictamen que habilite el pago, mientras que instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General de la República omiten referirse al tema, publica el diario La Nación-Nación Media.
Todo empezó con el proyecto presentado por el diputado Arnaldo Samaniego y acompañado por el ministerio, que consistió en la modificación del clasificador presupuestario para habilitar que el subsidio por alimentación de G. 1.700.000 otorgado de forma bimestral se pueda repartir a todo el funcionariado de Justicia. La Ley Nº 6944 fue promulgada el 8 de julio del 2022.
Posterior a la promulgación de la norma, es que el entonces ministro de Justicia Édgar Olmedo inicia el pagó del subsidio por alimentos por los meses de abril y junio. En total se desembolsaron aproximadamente G. 4.400 millones, según el cálculo de lo abonado por bimestre.
A pesar del principio de irretroactividad de las normas jurídicas, y que la misma Constitución de la República establece que la ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación, en su momento Olmedo alegó que se trató nada más de una modificación de un clasificador, no afectando al presupuesto.
DESENTENDIMIENTO CORPORATIVO
Desde el Ministerio de Hacienda, ente encargado de la administración financiera del Estado, se desentendieron de las consultas sobre si es correcto o no el desembolso retroactivo. El ministro Óscar Llamosas, los viceministros Iván Haas y Marco Elizeche no respondieron a las consultas técnicas del caso en cuestión.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Anticorrupción y la Contraloría General de la República se excusaron en analizar y dar su parecer al respecto. Incluso desde la Abogacía del Tesoro también informaron que, tras verificar el Sistema de Mesa de Entrada como los registros obrantes en sus archivos, no se encontraron documentos en referencia a la emisión de algún parecer técnico que habilite el desembolso al Ministerio de Justicia.
No se contó con un dictamen que habilite el millonario desembolso del dinero público de forma retroactiva, puesto que al solicitar dictámenes al Ministerio de Justicia, además de responder fuera de plazo en abierta contravención de las leyes Nº 5189 de Provisión de Información sobre Remuneraciones y N° 5282 de Libre Acceso a la Información Pública, no remitió ningún parecer jurídico.
Solo se facilitó copia de la nota 593/22 de la Dirección General de Asesoría Jurídica con destino a la Dirección General de Administración y Finanzas, que tiene fecha 3 de agosto del 2022 donde se menciona que remite los antecedentes de pagos de subsidios “a fin de que la Dirección de Auditoría Interna realice el análisis correspondiente y emita el parecer técnico respectivo”.
Es decir, ni la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia se animó a dictaminar sobre el desembolso, y tampoco la cartera de Justicia remitió por la vía del portal de Acceso a Información Pública algún documento donde se señale el correcto uso de los bienes estatales para el pago retroactivo.
*Publicación del diario La Nación-Nación Media.
