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Hoy es día clave para el Presupuesto General de la Nación 2018 y está en manos del Congreso reducirla en “herramienta populista electoral”, totalmente desfinanciada, o permitir al Gobierno cerrar el periodo de cinco años con una economía sustentable y con una inflación controlada. Rechazar el veto parcial del Poder Ejecutivo por una cuestión de venganza contra el presidente Cartes llevará al Parlamento a violar la Ley de Responsabilidad Fiscal y arriesgar recursos destinados a la inversión social y lucha contra la pobreza. Para rechazar se necesita mayoría de 41 votos en Diputados y de 23 votos en el Senado.
ASUNCIÓN. El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 para neutralizar aumentos salariales que terminaron aumentando el déficit al 1,63% del Producto Interno Bruto (PIB) contra un tope del 1,5% impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Decreto que veta el PGN emitido el jueves 28 también convoca a ambas Cámaras del Congreso Nacional para debatir la pertinencia de la figura legal. Hoy, diputados y senadores debatirán y en ambos casos se necesitan mayoría calificada para rechazarlo. En Diputados 41 votos y 23 en el Senado se necesitan; si existen votos dispares el veto quedará firme.
No fue sorpresa el veto parcial, herramienta constitucional que ya fue mencionado por la ministra de Hacienda Lea Giménez el pasado 14 de diciembre; cuando el Senado sancionó le Ley de manera automática (sanción ficta).
Cartes objetó artículos del PGN presentado antes por el Poder Legislativo en su versión del Senado, porque la considera con “un importante desfinanciamiento” que orilla US$ 87 millones y que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
La contradicción está basada en las modificaciones efectuadas por los senadores para alzas de salarios a varios sectores: docentes, funcionarios de ANDE, Fiscalía, Industria Nacional del Cemento, y profesionales de blanco (Salud).
Explica el la exposición de motivos que estos incrementos conducen a sobrepasar el 1,5% de déficit del Producto Interno Bruto (PIB) fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal”. Los últimos cálculos de Hacienda destacan que “el PGN objetado llega 1,63%”, lo cual resultará una violación de la norma.
Paraguay opera este año con el mismo presupuesto de 2016, pues lo aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado también desbordó por un criterio político que obligó a Cartes a vetarlo totalmente y poner en vigencia el PGN 2016.
POPULISMO
Los movimientos políticos de la oposición aliados adoptaron en mismo razonamiento que orilla el populismo en la búsqueda asegurarse el voto del funcionariado descontento.
La Alianza Ganar que propone la candidatura de la dupla Efraín Alegre-Leo Rubín prefirió populismo y arriesgar recursos destinados a la inversión social (lucha contra la pobreza) que deberán ser recortados para cubrir aumentos salariales.
