ADN Digital
Artículos relacionados
La medida de fuerza laboral de los funcionaros del Ministerio Público corre riesgo de ser declarada ilegal por cuestiones administrativas. Desde el 24 de setiembre, los empleados están de brazos caídos exigiendo un incremento salarial de 10%. El Ministerio del Trabajo propuso una mesa de diálogo y no tiene participación en el pedido de calificación de la medida de fuerza. César Segovia, viceministro del Trabajo, dijo que debe ser el fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, quien debe accionar en tribunales. Versiones de los trabajadores de la Fiscalía aseguran que Díaz Verón aparentemente no pedirá la calificación.
ASUNCIÓN.- La medida de fuerza iniciaron con tímidas movilizaciones el pasado 24 de setiembre con diferencias internas entre los tres sindicatos y uno de ellos con problemas documentales sumados a otros inconvenientes administrativos referente a la organización de la huelga, que al final arriesga ser declarada ilegal.
César Segovia, viceministro del Trabajo, explicó que el sindicato que presentó la documentación requerida adolece de problemas administrativos “además que los funcionarios de la Fiscalía presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1.626 que regula el derecho a la huelga de trabajadores del Estado y esta medida de fuerza se fundamenta justamente sobre la Ley que ellos mismos atacaron de inconstitucional”.
Con este antecedente la documentación remitida por el sindicato de funcionarios fue elevada a la asesoría jurídica del Ministerio del Trabajo, que emitió un dictamen en contra que instala el riesgo de una calificación de ilegalidad.
Sin embargo, el Ministerio del Trabajo tiene un papel administrativo y eso le impide acudir a Tribunales a solicitar la calificación de la huelga. Este trámite cae en territorio del fiscal general Díaz Verón y el dictamen del Ministerio del Trabajo podría servir como base.
La instancia administrativa comunicó al sindicato de funcionarios de la Fiscalía de las irregularidades en la comunicación de la huelga y propuso una mesa de diálogo “que esta es la instancia a la que puede llegar el Ministerio del Trabajo”.
Sin embargo, versiones cercanas al fiscal Díaz Verón estiman que no éste no pedirá la calificación. “Lo que entendemos que es un apoyo tácito a la medida de fuerza”, dijo una fuente que pidió reserva de identidad.
Como respuesta, los huelguistas comunicaron que ampliarán el plazo de la huelga “hasta lograr su reivindicación”.
MÁS DE 5.000 FUNCIONARIOS
Esta es una medida que afecta a todas las oficinas del Ministerio Público, o sea en todo el territorio nacional están movilizados. Unos 5.000 funcionarios de la Fiscalía se declararon en rebeldía desde el 24 de setiembre pasado y ahora extienden más en el tiempo.
Odilon Turo, secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público, expresó que “ya se agotó cada posibilidad del diálogo existente y solo queda llevar la solicitud mediante un paro general a nivel país”.
Segovia apuntó que pese a ello “nosotros, como Ministerio del Trabajo estamos obligados a llamar al diálogo, intentar convencerlos para que no se traben las negociaciones con la asistencia de todas las partes involucradas”.
Insistió que la huelga desatada hasta ayer “adolece de cuestiones documentales y administrativas; además deben tener en cuenta que así como les asiste el derecho a la huelga, deben saber que los días no trabajados serán jornadas no cobradas en el salario”.
