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CIUDAD DEL ESTE.- El rector de la Universidad Nacional del Este (UNE), ingeniero Gerónimo Laviosa, el exrector Víctor Brítez y varios docentes fueron imputados por la Fiscalía, por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y lesión de confianza. Los hechos datan del 2015, oportunidad en que los estudiantes de la Facultad Politécnica se rebelaron contra sus profesores, pues firmaban la lista de asistencias pero no acudían a clases. En otros casos enviaban solamente sus respectivos auxiliares, cuando ellos están obligados a desarrollar al menos el 75 % de sus asignaturas.
Los otros encausados son: Carlos Enrique Montiel, exvicedecano y actual director de la Escuela de Posgrado y director de Investigación. Este figuraba entre los más cuestionados en su momento, pues tenía 15 cátedras a su cargo en la UNE, según las denuncias.
En aquella oportunidad Montiel renunció a la asignatura Taller III de la carrera de Análisis de Sistemas, coincidentemente en el día en que se realizaba la reunión entre estudiantes y las autoridades de la UNE, convocada por el rector, tras la protesta presentada por los universitarios.
Entre los procesados figura también Napoleón Velázquez, actual titular de Planificación del Rectorado, además de Eustaquio Martínez, Edgar Acosta, Liz Ovelar, Aldo Villalba, Gabriela Bobadilla, Herminia Delgado y Eligio Álvarez.
La lista sigue con Hugo Reinaldo Franco, Luis Cadogan, Anastacio Arce, Armando Blaires, Mirta Arrúa, Pedro Romero, Jorge Hugo Fariña, Milciades Chilavert y Blanca Tottil de Moreno, decana de la Facultad de Filosofía. Conforme con los datos, Tottil estaba en la lista de profesores pero la misma no impartía clases en Politécnica.
La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Saldíver, quien presentó el acta de imputación ayer.
Los antecedentes del caso señalan que cuando los alumnos descubrieron la situación irregular de los ahora imputados presentaron la denuncia ante el Consejo Directivo de la Facultad de Politécnica. Inmediatamente se dispuso la instrucción de un sumario administrativo para investigar a los titulares de las diferentes cátedras.
Designaron como jueces instructores a Pablo Lezcano y Diana Mereles. En su momento, el Consejo Directivo rechazó la mayoría de las denuncias porque las asignaturas en las que los docentes incurrieron en faltas corresponden al primer semestre y en aquel momento no se podría someter al sumario porque estaban inactivas conforme a la resolución del Consejo.
La situación llegó en manos del Ministerio Público que tras dos años de pesquisa, abrió el proceso penal contra los sindicados.
