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Imputan a ex directivos de la Asociación de Empleados de Itaipú

CIUDAD DEL ESTE.- El fiscal Alfredo Acosta Heyn presentó imputación contra el expresidente de la Asociación Mutual de Empleados de la Itaipú Binacional, Juan Carlos Castillo (59), y el ex tesorero, Juan Domingo Franco López (53), por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Ambos habrían provocado un perjuicio patrimonial de unos 50.000 millones de guaraníes a la caja, según la imputación fiscal.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gustavo Álvarez, en representación de la asociación de funcionarios y los supuestos ilícitos ocurrieron entre los años 2013 y mediados del 2016, durante los periodos en que los citados se desempeñaban al frente de la organización.

El escrito fiscal sostiene que el multimillonario desfalco se produjo mediante un esquema delictivo, que provocó el desplome de la asociación. Se detectaron varias irregularidades como ser incumplimiento de requisitos mínimos para la concesión de préstamos, vacíos en conciliaciones bancarias, uniformidad y falsificación en los registros contables, sobrefacturación de obras civiles y obras no concretadas.  Incluso, hubo negociado con el afamado “bocaditos de oro”, con la compra de 500 unidades por más de 17 millones de guaraníes, resalta la imputación.

En el marco de la investigación, prestaron declaración testifical Justiniano Colmán y Rogelio Adrián Rodríguez,  actuales presidente y tesoro de la  Asociación Mutual de Empleados de la Itaipú Binacional, quienes confirmaron una infinidad de irregularidades cometidas supuestamente por Castillo y Franco.

Entre estas anormalidades citaron la concesión de pagarés en blanco y sin firma, créditos otorgados muy por encima del tope establecido, destinados muchas veces a personas ajenas a la mutual, aumento provisorio de la línea de créditos hasta 300 millones de guaraníes, además de un crédito de 9.000 millones de guaraníes a través del Banco Itapúa, sin la aprobación de la asamblea. De este monto, apenas se pudo documentar el 50 por ciento del destino.

En base a los elementos incriminatorios, el fiscal Alfredo Acosta Heyn, de la Unidad Zonal de Hernandarias, formuló imputación contra Juan Carlos Castillo y Juan Domingo Franco, y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los encausados.

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