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El técnico de Libertad, Aldo Bobadilla, y su esposa, Lourdes Benítez de Bobadilla, fueron imputados por la fiscal Stella Mary Cano Garcete por un supuesto delito de estafa cometido con la venta de una empresa de colectivos (16 de Noviembre S.R.L.), según informó el abogado Andrés Casatti.
ASUNCIÓN.- Según la fiscal Stella Mary Cano, el matrimonio Bobadilla-Benítez vendió la empresa de transporte 16 de Noviembre por 1.500.000 dólares a Óscar Rafael Piris y Miryan Fernández de Piris. Éstos a su vez volvieron a vender la empresa a Rodrigo Allo, Claudio Fernández, Hugo González y Pedro González, quienes denunciaron a los Bobadilla y los Piris, luego de recibir una notificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sobre una multa de 600 millones de guaraníes de administraciones anteriores.
La denuncia fue radicada el 14 de diciembre del 2017 y tras colectar diversos elementos probatorios, la representante del Ministerio Público formuló la imputación contra Bobadilla y su esposa.
PAGO EN CUOTAS
La operación entre Bobadilla y Piris contemplaba pagos fraccionados en documentos y transferencia de propiedades a favor del vendedor. Como parte del pago, Piris transfirió a Bobadilla un complejo deportivo ubicado en Fernando de la Mora y evaluado en 100.000 dólares. Pagó al contado 143.000 dólares y documentó con pagarés el saldo.
Según el abogado de Piris, la empresa no redituó el ingreso que se esperaba, por lo cual el comprador reclamó al vendedor. Bobadilla, además de solicitar un tiempo para solucionar el problema, con la promesa de conseguir un nuevo comprador. Se llevó a cabo la nueva operación en 800.000 dólares más dos propiedades: una tasada en G. 1.500.000.000 y la otra de G. 700 millones.
OPERACIÓN FALLIDA
A Piris le salió el tiro por la culata, podría decirse, ya que una de las propiedades al parecer se adjudicó Bobadilla, a cuenta de sus haberes y la otra ni siquiera pudo ocuparla. La situación se agravó cuando los nuevos propietarios de la empresa recibieron una intimación de la SET para abonar una multa de G. 600 millones por multas de administraciones anteriores.
