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BUENOS AIRES.- La entrada en vigor de un nuevo decreto migratorio en Argentina, que agiliza la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país, generó malestar entre las asociaciones de inmigrantes, que consideraron que se trata de una reforma que criminaliza a la inmigración y alienta la xenofobia.
Según explicó Marlene Pérez, miembro de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina -que aglutina a 35 organizaciones de la comunidad migrante en el país-, la reforma que se aplica desde el 31 de enero tira por la borda la presunción de inocencia de los extranjeros porque “el que delinque, antes de ser juzgado, tiene tres días para abandonar el país”.
Para esta inmigrante boliviana afincada en Buenos Aires desde 1986, el cambio legislativo presume que el detenido es culpable porque el presidente Mauricio “Macri lo decide” y no porque haya sido juzgado antes de ser deportado, insistió.
Además, aseguró que la firma del decreto no se justifica porque, con base en cifras y estudios no citados, solo el 6 % de los presos que ocupan las cárceles del país es inmigrante. “No es que desbordó y que hay un 25, 30, 50, 70 %” de extranjeros entre rejas”, comentó.
Según datos oficiales, el número de inmigrantes supone más del 21 % de la población retenida en las cárceles federales y en los delitos vinculados al narcotráfico asciende al 33 %.
