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ASUNCIÓN.– Desde que el 12 de septiembre, un grupo de diputados pidió a la cámara que se inicie el proceso de pérdida de investidura para Carlos Portillo, se puso en marcha la máquina de la mayoría, tendiente a dilatar el tema todo lo posible. Y así fue, puesto que, aunque la comisión especial terminó su trabajo dentro de los 15 días que se le dio, la mesa directiva y, especialmente, el presidente de la cámara, Miguel Cuevas, postergaron durante 4 semanas el tratamiento del proyecto.
Ni bien se empezó a hablar de que Portillo podría ser expulsado de la cámara, sus correligionarios del PLRA empezaron a negociar con el resto de las bancadas, con la intención de blindarlo. A primera vista parece absurdo que haya tanto interés por proteger al liberal, ya que su presencia nunca fue muy gravitante en el plenario, y no ocurrió lo mismo con otros como el caso del exdiputado José María Ibáñez, quien, ante la presión ciudadana y la sensación de que sus colegas no le blindarían, presentó su renuncia.
Sin embargo, cada vez parece más claro que toman a Portillo como punta de lanza, porque saben que después de él vendrán otros, entre ellos el mismo Cuevas, denunciado por enriquecimiento ilícito. Lo peor de todo es que, justamente, el caso del liberal no tendría que ser considerado por una ley, puesto que es anterior al estudio del proyecto. Hace rato que venimos insistiendo con que lo único que se necesita, y no hay, es voluntad política.
