El allanamiento fue realizado ante una denuncia sobre hurto de animales vacunos.
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Investigan a un ganadero por supuesto hecho de abigeato

La fiscal Camila Rojas allanó la estancia perteneciente al ganadero Héctor Núñez, ubicada en la localidad de Ita Popó y encontraron animales faenados y otros vivos, denunciados como hurtados por el dueño de otro establecimiento. Las reses eran trasladadas y comercializadas en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un trabajador del lugar también quedó sujeto a la pesquisa.

PEDRO JUAN CABALLERO.- La estancia allanada está ubicada a unos 30 kilómetros de Pedro Juan Caballero, donde la comitiva fiscal – policial llegó luego de una denuncia formulada por abigeato. Allí procedieron a la verificación del lugar donde no encontró ninguna evidencia, sin embargo, un monte cercano llamó la atención de los investigadores, por lo que se ingresaron y encontraron 10 animales faenados y 14 vivos que estaban siendo preparados para el mismo efecto.

La propiedad en cuestión pertenece al ganadero Héctor Núñez, quien en febrero pasado fue secuestrado con su hijo. En aquella oportunidad sus captores no llegaron a cobrar el rescate y se sospechaba que el trasfondo sería el hecho en el que hoy se lo involucra.

La fiscal Camila Rojas, quien encabezó el operativo, dispuso que los ganados sean entregados a su propietario  Juraci Cándido Da Silva. Con relación al hecho fue detenido un sujeto identificado como Lorenzo Justiniano Martínez, quien al momento de la intervención fiscal, llegó al sitio al mando de una camioneta en la que aparentemente trasladaría las reses faenadas.

Éste último ayudaría a individualizar a otros cabecillas de la banda que se dedicaría al abigeato en la zona. Por otro lado, Héctor Núñez no supo explicar qué hacían los animales en su propiedad y deberá comparecer en las horas ante la fiscal Rojas.

Núñez  es propietario de la estancia Lorito Picada y fue secuestrado en febrero pasado por desconocidos que ingresaron al inmueble, le redujeron a él, a su hijo y un peón. Por el rescate exigieron la suma de  50 mil dólares, monto que no se llegó a pagar. En esa oportunidad, la hipótesis que se manejaba era que el secuestro se habría consumado por problemas de abigeato.

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