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ASUNCIÓN. En medio de un inusual silencio oficial, se desata la incertidumbre sobre el futuro del “acuerdo operativo” con Brasil en la represa de Itaipú. Este convenio, vigente desde 2007, permite a Paraguay adquirir toda la energía excedente a un costo significativamente más bajo que el precio regular.
Ni Itaipú ni la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ni la Cancillería Nacional informan sobre las consecuencias que arrojaría el eventual cese del “acuerdo operativo” en Itaipú, mediante el cual nuestro país tiene derecho a adquirir toda la energía excedente, que representa el 48 % del total que consume Paraguay, a un valor cinco veces inferior al de la energía garantizada que ambos países contratan de manera regular.
De no renovarse dicho acuerdo, lo que actualmente paga la ANDE aumentaría significativamente, abriéndose las puertas a un alza de la tarifa que abona el consumidor final todos los meses.
El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) urgió al gobierno brasileño a presentar en 60 días un plan para la revisión del Anexo C de Itaipú. Este órgano cuestiona el “acuerdo operativo” firmado en 2007, que otorga a Paraguay el derecho y la prioridad de contratar la potencia excedente a un precio más bajo. El TCU argumenta que nuestro adeuda US$ 2.100 millones a Itaipú y sugiere que debería pagar por la potencia contratada y prescindir de la energía excedente.
Ayer, el ingeniero Fabián Cáceres, ex gerente de la ANDE, alertó sobre la posibilidad de un reajuste en las tarifas eléctricas en Paraguay si no se renueva el acuerdo en cuestión con Brasil. Este convenio es crucial para mantener una tarifa más estable en el país. A pesar de las advertencias, las autoridades mantienen un notable silencio sobre este delicado asunto.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció la importancia de la energía excedente para Paraguay, pero también señaló que el impacto en la ANDE podría ser significativo si se opta por contratar la energía presupuestada, que es más cara.
Mientras tanto, persiste el hermetismo por parte de las autoridades involucradas, generando preocupación sobre cómo este tema delicado podría complicar las negociaciones relacionadas con el Anexo C de Itaipú. La falta de una versión oficial agudiza la incertidumbre y deja a la población a la espera de noticias concretas sobre el futuro del suministro energético y sus posibles repercusiones económicas.
