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El fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, aseguró que no recibió ningún pedido de imputación a los involucrados en el ataque al Congreso Nacional, ocurrido en marzo pasado. Además, negó haber cometido tráfico de influencia. Fue en respuesta a un nuevo “pinchazo telefónico”, divulgado en la víspera, que tiene como protagonistas a Raúl Fernández Lippman, exdirector del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al abogado Carmelo Caballero.
ASUNCIÓN.- Al culminar la presentación de gestión del año 2017, Javier Díaz Verón, negó haber recibido algún pedido para procesar a los involucrados en el ataque al Congreso, que terminó con el incendio del edificio y la muerte del joven Rodrigo Quintana, en la sede del PLRA. Afirmó que había recalcado a los fiscales que llevaban el caso, que debían realizarse todas las pericias pertinentes. Señaló que si la causa aún no ha culminado con resultados efectivos, es netamente responsabilidad de los intervinientes.
Resaltó que él no recibió ningún tipo de pedido para la imputación de parlamentarios, salvo aquella vez que el presidente de la República, Horacio Cartes, en un acto proselitista, refirió que sobre algunos legisladores debía caer todo el peso de la justicia. “Más allá de eso, yo no recibí ningún pedido de imputación. La prueba más grande de ello es que hasta hoy no hay ningún parlamentario imputado”, expresó.
Afirmó, que jamás llamaría a un fiscal para que trabaje con arbitrariedad y contra su propio honor. Recalcó que no se permitirá injusticias y atropellos en la Fiscalía General del Estado, e insistió que si existe una persona que haya cometido un hecho ilícito deberá responder como corresponde ante la Justicia. “Este fiscal fue tratado de oficialista por muchos políticos y de la misma forma, por el lado del oficialismo fui tratado como opositor”, refirió.
Finalmente, dijo que desea que lo juzguen por los hechos que cometió, pero a la vez refirió que los audios no deben ser “satanizados”’, creando una especie de contradicción en su discurso. Aseguró que cada uno de los audios será auditado como debe ser y que las personas que se encuentren vinculadas serán investigadas.
“En honor a la institución quería hacer estas declaraciones y desmentir el tráfico de influencia para la imputación de legisladores. Nuestra condición de funcionarios públicos es esa, responder a la sociedad, porque a ella nos debemos y yo mismo me encargaré de seguir estas investigaciones, si no se deciden otras cosas”, concluyó.
