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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación contra los fiscales Rogelio Ortúzar y Cristina Chamorro Páez. Asimismo, resolvieron mandar al archivo 23 causas que involucraban a 29 jueces y agentes fiscales. Chamorro Páez fue denunciada por solicitar dinero a cambio de otorgar medidas alternativas a la prisión en una investigación por abigeato. Entretanto, Rogelio Ortúzar fue denunciado por limitar la atención de su unidad fiscal durante el periodo de huelga desarrollado en el Ministerio Público.
ASUNCIÓN.- La fiscal Cristina Chamorro llegó a pedir hasta 100 millones de guaraníes a la parte afectada, según la denuncia formulada en su momento. Sin embargo, pese a las reuniones reiterativas no pudieron llegar a ningún acuerdo.
El presidente del Jurado, Cristian Kriskovich, explicó que se resolvió mandar al archivo 23 causas que involucran a 29 jueces y fiscales y en una de ellas se sancionó a la parte denunciante, por abuso del derecho. El abogado Silvio Delvalle, de la jurisdicción de Paraguarí, fue apercibido por segunda vez por el órgano.
En cuanto al caso del fiscal Rogelio Ortúzar, indicó que, atendiendo a la denuncia que formuló la Corte Suprema de Justicia, decidieron iniciar una investigación preliminar para que el propio agente informe sobre los hechos denunciados, que lo vinculan con cierta conducta en los días de huelga judicial.
En ese sentido, detallaron que Ortúzar supuestamente prohibió a los funcionarios de su unidad trabajar y atender a abogados particulares en los días de huelga del Ministerio Público.
Kriskovich contó que los jueces Emilio Rolón y Arnaldo Martínez Prieto, quienes absolvieron a los campesinos condenados por el caso Curuguaty, contestaron el traslado de enjuiciamiento de manera pública, en compañía de varias instituciones de derechos humanos.
Adelantó que se procederá a la apertura de pruebas, que es la siguiente etapa, y que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, podrá participar de la sesión y presentar pruebas, ya que es parte acusadora.
Sobre la causa del juez Rubén Ayala Brun, manifestó que se realizó una audiencia a pedido suyo, donde fue escuchado, al igual que el abogado Felino Amarilla, quien es acusador particular. Remarcó que aún faltan algunas pruebas y que posteriormente pasarían a la etapa de sentencia.
El magistrado fue denunciado por mal desempeño en sus funciones por una causa que guarda relación con una estafa a la empresa Viradolce SA, propiedad de la empresaria Marys Llorens.
