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El presidente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), José Ortiz, aseguró que el proyecto que aprueba el protocolo sobre el tabaco es inaplicable por lo que países como Estados Unidos, Canadá, México y Chile no lo aprobaron, y explicó que perjudicaría a la industria legal y terminará promoviendo las fábricas clandestinas. Alertó que detrás de esto habría un gran negociado con la venta de software y hardware.
Por insistencia de la senadora del PDP Desirée Masi, la mesa directiva de la cámara incluyó el tema en el orden del día de la sesión del jueves próximo y, según Ortiz, la mayoría de los legisladores entiende de qué se trata el proyecto.
El proyecto pretende la aprobación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en Seúl, República de Corea, el 12 de noviembre de 2012, que ya en diciembre del año pasado fue postergado sine die a fin de un mejor estudio.
“Es una ley de un montón de artículos y de todos ellos ninguno refiere a la salud; habla de la trazabilidad y demás cosas. De los países que firmaron ese protocolo, ninguno aplicó en forma estricta porque hay cosas de carácter técnico que resultan inaplicables”, afirmo Ortiz en el programa Así son las cosas, por la 970 AM – Universo Media.
Añadió que “este proyecto de ley conlleva obligaciones presupuestarias, inversiones del Estado y quieren que las propias industrias lo hagan, lo cual es ilegal. El instrumento de control debe salir de los impuestos y no deben salir nuevamente de las empresas”.
“Esta iniciativa beneficiará a las multinacionales al implementar una competencia desleal, al prohibir la exportación en conteiner consolidado y eso ocasionará terribles pérdidas monetarias para las fábricas paraguayas. Además pulularán las empresas clandestinas. Esta ley promueve el negocio ilícito de tabaco y premia a la industria clandestina que se va a forrar de dinero”, manifestó.
Ortiz pidió a los legisladores “que por lo menos el sector sea convocado para explicar la inaplicabilidad de este proyecto”, y recordó que países como Chile, México, Estados Unidos y Canadá no firmaron este documento.
Sin embargo, en países que sí se adhirieron, como Brasil, en los últimos años aparecieron muchas fábricas ilegales. “No les dio el mínimo resultado y no sé ni si lo aplican. De qué sirve sancionar una ley que es imposible aplicar”, agregó el empresario tabacalero.
Concluyó que, en caso de sancionarse la ley, el sector tabacalero tendrá que recurrir a la Justicia presentando acciones de inconstitucionalidad para impedir que entre en vigencia.
