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ASUNCIÓN. Luego de la imputación a Rodolfo Friedmann y a otras 4 personas en la causa que investiga las licitaciones de almuerzo escolar a favor de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), ligada al exgobernador del Guairá, pasaron más de dos meses sin que se pueda hacer algún trámite judicial debido a las reiteradas chicanas de los abogados que responden al defensor de Friedmann y su esposa, Marly Figueredo, Guillermo Duarte Cacavelos.

Según una investigación de La Caja Negra, “el equipo de abogados encabezados por Guillermo Duarte Cacavelos, quien representa a Friedmann y su esposa Marly Figueredo, opera en formato “satélite” con los otros defensores, turnándose para presentar las chicanas unas tras otra, siempre en busca de un juez amigo al que encontraron la semana pasada cuando el magistrado José Agustín Delmás, titular del proceso, solicitó un permiso y le interinó el juez Rolando Duarte”.

Esos días de ausencia del juez natural del proceso fue aprovechado por las defensas de Álvaro Alfaro y la contadora Lourdes González, quienes estaban prófugos hace dos meses para presentarlos presurosamente ante el magistrado interino y solicitar que se les levante la orden de detención. El fiscal Francisco Cabrera, quien interina a su colega Omar Legal, recusado ya cuatro veces en este proceso, se ratificó en la prisión contra el primo y la contadora, pero el juez Duarte decidió beneficiar a los procesados con medidas alternativas a la prisión pese a haber estado dos meses prófugos de la justicia, añade la publicación en el diario HOY.

El diario recuerda que “la jugada maestra preparada por los abogados dio su fruto, el juez Duarte no tomó en cuenta la conducta de los procesados, quienes el 1 de setiembre pasado, cuando el magistrado Delmás ordenó embargar las cuentas bancarias de la empresa ESSA, antes que llegue el oficio al Banco Nacional de Fomento en San Juan Nepomuceno, la contadora Lourdes González emitió dos cheques, uno por G. 500 millones y otro por G. 1.441.822.67 para vaciar dinero de las cuentas de la empresa. El primer cheque fue cobrado por Elizabeth Leiva Álvarez y el segundo por César Rodrigo Leiva Álvarez, esposa y cuñado de Álvaro Alfaro respectivamente”.

Ante este gravísimo hecho, el fiscal Oscar Legal había solicitado la prisión de estas dos personas y el magistrado Delmás dictó el pedido de captura; sin embargo para el juez Rolando Duarte, este suceso no pasó de ser una anécdota y lo ignoró al momento de levantar la orden de captura. Tampoco Duarte tomó en cuenta el pedido del Ministerio Público que se ratificó en que estas dos personas debían ser detenidas.

La publicación basada en lo denunciado por el programa televisivo, explica por qué se llega a la conclusión de que los procesados estaban buscando un juez amigo: Eso se desprende en primer lugar de la orden de prisión dispuesta por el juez José Agustín Delmás contra el primo de Friedmann, Álvaro Alfaro y su contadora Lourdes González. Cuando el expediente pasó al juzgado de Humberto Otazú, los abogados de estos dos prófugos plantearon que se levante la prisión de ambos a cambio de presentarse a la justicia. Este pedido fue denegado por el juez Otazú ya que consideró que no se podía litigar en clandestinidad.

Sin embargo ahora el caso fue a parar por unos días al despacho de Rolando Duarte, conocido por sus vínculos con referentes del oficialismo, quien no tuvo ningún problema en dar una mano a dos personas que estaban prófugos para velozmente darles la libertad.

¿Quién es el juez Rolando Duarte? El mismo que ya había blanqueado a otros funcionarios involucrados en las compras de tapabocas de oro, hermano de un abogado quien ocupa un alto cargo en una binacional y parte del equipo de un “peso pesado” del Poder Ejecutivo.

También hace dos semanas la Cámara de Apelación integrada por Bibiana Benítez, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, con voto en contra de éste último, le dio una mano al senador Rodolfo Friedmann al revocar la inhibición y bloqueo de cuentas del parlamentario que había dispuesto el juez Humberto Otazú sin esperar el plazo de 10 días para que la fiscalía determine los bienes a ser embargados.

De esta manera los abogados “satélites” de Duarte Cacavelos traban la marcha del proceso con la ayuda de jueces y camaristas amigos van anulando todo lo que se dicta en contra de los procesados.

Gracias a los jueces “amigos” del poder, el senador Rodolfo Friedmann y su entorno se salvan de rendir cuentas por los delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, concluye la publicación.