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ASUNCIÓN. El juez Raúl Florentín hizo lugar a un amparo constitucional y ordenó a la Contraloría General de la República publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos desde 1992 hasta el 17 de junio de este año.

“El Juzgado resuelve hacer lugar a la acción de amparo constitucional contra la Contraloría General de la República y en consecuencia, ordenar la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de todos los funcionarios públicos”, reza parte del documento.

Menciona también que los datos deben ser dados a conocer desde el año 1992 hasta el 17 de junio de 2020 en la página web de la Contraloría, con excepción de las informaciones protegidas por la Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Según la resolución, la Contraloría General de la República tiene un plazo máximo de seis meses para publicar todos los datos de los funcionarios públicos desde el año 1992. En total, serían unos 1.500.000 documentos los que deben ser dados a conocer.

En varias ocasiones el actual contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó que desde la institución no apelarían este tipo de decisiones y que darán cumplimiento a las sentencias.