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El juez Édgar Rivas remitió este martes a la Corte Suprema de Justicia el amparo presentado por la Contraloría General de la República para auditar los fondos socioambientales de Itaipú.
El magistrado argumentó que la Constitución Nacional atribuye a la Contraloría la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado de forma directa e indirecta.
Rivas alegó también que el problema es que la carta magna no hace referencia explícita a entidades binacionales como Itaipú y Yacyretá y ante esta situación la acción debe ser discutida en la Corte Suprema de Justicia y definir la “constitucionalidad” del pedido de la Contraloría.
La Contraloría presentó un amparo para auditar los fondos sociales de la Itaipú ante la negativa del ente de proveer los documentos para la fiscalización a las inversiones realizadas con dichos recursos. La propuesta fue solicitada por la Cámara de Senadores.
El lunes Yacyretá entregó los documentos a la Contraloría para iniciar la auditoría de los fondos socioambientales, tras varios reclamos. Desde la institución aseguraron que entregarán todo lo solicitado por el ente contralor.
