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ASUNCIÓN.- El exfiscal general del Estado, Dr. Óscar Germán Latorre, habló con La Nueva 107.5 de Ciudad del Este, sobre el caso del juicio oral y público del senador colorado Víctor Bogado. Indicó que no tienen todavía fecha ni hora, pero anunció que presentarán una excepción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, teniendo en cuenta que la Itaipú no es una institución pública, por lo tanto Gabriela Quintana, supuesta recomendada del parlamentario, no era funcionaria pública y no puede ser procesada por el delito de cobro indebido de honorarios.
Latorre explicó que respecto al delito de cobro indebido de honorarios, el Código Penal establece como uno de los elementos que el sujeto activo o quien cometa el hecho sea funcionario público, juez o auxiliar de Justicia. En ese sentido, dijo que la acusación se centra sobre la hipótesis de que la supuesta “Niñera de oro” habría cobrado indebidamente en la Itaipú Binacional una determinada suma de dinero, a través de una contratación solicitada por Víctor Bogado.
“Según la Fiscalía, Gabriela Quintana, en tal condición era funcionaria Pública. Lo que nosotros expusimos al juzgado es que se trata de una conducta atípica porque la entidad Binacional Itaipú, no forma parte del Estado paraguayo, tiene una personería jurídica internacional y se rige por el tratado, sus anexos y sus reglamentos internos. Las remuneraciones que recibió esta joven no fueron del presupuesto general de gastos, además la contratación fue directamente de las autoridades de la entidad energética”, refirió.
Sostuvo que la Fiscalía General del Estado y la Corte consideran que la Itaipú es una persona de derecho público internacional, que no forma parte del Estado y que sus empleados, contratados y permanentes, no son funcionarios públicos, porque no cumplen con la función pública.
Agregó que los fiscales acusadores cayeron en cierta perversidad, utilizaron un certificado que había expedido Víctor Bogado como líder de bancada en Diputados en el año 1999, donde dejaba sentada que Gabriela Quintana era pasante en la bancada colorada, como una prueba irrefutable y que la joven era empleada de Bogado.
Según Latorre, la jueza Rosarito Montanía entendió que esas cuestiones no podían ser abordadas en la audiencia preliminar y que debían ser planteadas y resueltas por el Tribunal de Sentencia. “Se trata de una mala praxi tribunalicia”, dijo.
“Espero que la Corte lo resuelva (la inconstitucionalidad) lo más ante posible porque este tema debe acabar, porque crea una inestabilidad laboral, no solamente a Víctor Bogado, sino a su familia y para todos nosotros los defensores; no es correcto y para nada es divertido”, manifestó Latorre.
Mencionó que la expectativa de penas para Víctor Bogado, por cobros indebido es de 2 años y por la supuesta estafa, porque el parlamentario supuestamente engañó al titular de Itaipú, sabiendo que Quintana no iba a cumplir funciones la recomendó, y tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Sin embargo, aseguró que el Tribunal entenderá también que Itaipú no es una institución pública y que se rige por otras normativas.
