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LA PAZ. La situación de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros encarcelados se complicó cuando un juez determinó ayer sábado ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva dictada hace una semana.
El juez Willy Arias resolvió “confirmar” la resolución que hace unos días determinó la detención preventiva de la ex jefa de Estado y sus ex ministros “con la modificación de que el lapso de detención preventiva se determina a seis meses” inicialmente ordenada.
La base legal que se expuso durante una audiencia virtual que duró varias horas es la “ampliación” de los riesgos de obstaculización y de fuga que expusieron los representantes de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Procuraduría del país.
El veredicto emanó a raíz de un recurso de apelación que planteó la defensa de Añez a la disposición de detención preventiva por acusaciones de sedición y terrorismo conocido como el caso “golpe de Estado” durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.
RESULTADO DE AUDIENCIA
“No nos sorprende” la decisión de ampliar la detención preventiva de Áñez, aseguró Luis Guillén, uno de los abogados de la ex presidenta interina, durante una comparecencia ante los medios.
El jurista admitió que estos procesos “tienen larga duración” y que en cierto modo llegan a ser “tortuosos” por todo el proceso que se debe seguir en el marco de la investigación.
Guillén sostuvo que lo que queda es “cumplir con todas las etapas” del procedimiento, aunque lamentó “la simple sindicación” que ha hecho la Fiscalía contra Áñez ya que consideró que no existe una “asociación sobre los hechos” por los que se le acusa a la ex mandataria tachada como “de facto” por el Gobierno.
TRASLADO A OTRO PENAL
La jornada comenzó con la tensión que originó el traslado repentino de Áñez esta madrugada a otro penal en La Paz bajo el argumento de que ahí contaría con los equipos necesarios para hacer seguimiento a su salud.
Desde hace varios días los abogados de Áñez y sus familiares han buscado que se autorice su traslado a una clínica en La Paz debido a que padece de hipertensión y que su presión arterial hubiese aumentado argumentando que “está en riesgo su salud” por posibles complicaciones.
Un juzgado validó el pasado viernes esta solicitud, pero luego hubo un cambio en la disposición por lo que se consideró que especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) hicieran esa valoración. (Con información de agencias internacionales)
